Una reciente adjudicación de un contrato por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a la fundación artística Petra Sociedad de Teatro ha generado controversia, dado que varios de los beneficiados son actores que han manifestado públicamente su apoyo al presidente Gustavo Petro.
La contratación, revelada gracias a un documento solicitado por el ciudadano Jairo Ladino en ejercicio de su veeduría, pone en el centro del debate la relación entre la administración de recursos públicos y la afinidad política de los contratistas.
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Detalles del contrato y distribución de recursos
El acuerdo entre la JEP y la fundación artística ascendió a un total de 441.805.000 pesos, de los cuales la jurisdicción aportó 197.800.000 pesos y el Teatro Petra, dirigido por los actores Fabio Rubiano y Marcela Valencia, contribuyó con 244.005.000 pesos. El objetivo del contrato, según el documento oficial, era “realizar acciones comunicativas que permitan, a través del lenguaje del arte dramático, generar la comprensión social y la aprobación de los desafíos misionales de la Jurisdicción Especial para la Paz”.
Entre los actores que participaron en la obra llamada “Mantener el juicio” y recibieron pagos por su desempeño se encuentran Marcela Valencia, Fabio Rubiano, Juanita Cetina, Derly Neira, Sharon Pacheco, Bernardo García, Juan Diego Marín y Liliana Escobar, que obtuvieron 13.800.000 pesos cada uno por ocho funciones. Aunque el actor Julián Román no aparece en el contrato, su imagen figura en los materiales de promoción de la obra.
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El contrato también incluyó gastos relacionados con la producción de la obra, tales como sonido (8 millones de pesos), composición musical (10 millones de pesos) y estrategia de divulgación y difusión (10 millones de pesos). Mientras tanto, el Teatro Petra asumió los costos de escenografía, iluminación y utilería (84.149.000 pesos), vestuario (35.396.000 pesos), dramaturgia y dirección (60 millones de pesos) y disponibilidad del teatro para la presentación de la obra (64.600.000 pesos).
Antecedentes políticos de los actores involucrados
La controversia ha crecido debido a la abierta afinidad política de algunos de los beneficiados con el presidente Gustavo Petro. En 2022, durante la campaña presidencial, Rubiano, Valencia y Román participaron en un video en el que expresaban su respaldo al entonces candidato y manifestaban sus dificultades económicas en el sector cultural.
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En una de las escenas, Román afirmaba que su salario en el teatro apenas le alcanzaba para comprar pan, mientras que Rubiano expresó su esperanza de un aumento en el presupuesto cultural con un nuevo gobierno. No obstante, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes reportó una reducción del 18% en su presupuesto para 2025.
Fabio Rubiano también fue beneficiario de otro contrato en 2024 con la Corporación Colombia Crea Talento (Cocrea), adscrita al Ministerio de las Culturas. Este contrato, destinado a la dirección general del Festival Internacional de Artes Vivas (Fiav) 2024, le otorgó 185 millones de pesos en cuatro pagos.
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El hecho de que la JEP haya adjudicado este contrato sin un proceso de licitación ha generado críticas sobre la transparencia en la distribución de recursos públicos. En redes sociales y sectores críticos del Gobierno Petro, la noticia ha sido objeto de debate, planteándose interrogantes sobre la afinidad política de los beneficiados y si el proceso respondió a criterios técnicos o si hubo algún tipo de favoritismo.
El caso de este contrato se suma a otras discusiones sobre el manejo del presupuesto público en el sector cultural y el acceso a recursos por parte de artistas con posturas ideológicas afines al actual Gobierno, y aunque la JEP argumenta que el teatro es una herramienta válida para la difusión de sus objetivos, el debate sobre la asignación de recursos continúa generando dudas y suspicacias en el sector político.
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