Revelan vínculos de la Policía Fiscal y Aduanera con la Oficina de Envigado y otros grupos delincuenciales: así era su ‘modus operandi’

Miembros de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) entregaron información clave en medio de una investigación contra una organización criminal que operaba en el puerto de Barranquilla, Atlántico, dedicada al contrabando.

La captura del mayor retirado de la Policía, Andrés Felipe Montoya Navarro, el 19 de marzo de 2024 en zona rural de Ocaña, Norte de Santander, fue parte de un operativo adelantado por la Fiscalía, en colaboración con la Policía y el Ejército, contra una presunta estructura criminal encargada de ingresar mercancías de contrabando por el puerto de Barranquilla. Además, las capturas del patrullero Harold Gil, junto a los hermanos Jorge Alberto y Jhon Marlos Gil Ramírez y Tulia Inés Tapia Milett, revelaron cómo operaba esta red criminal.

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Según una investigación de W Radio, la organización sobornaba a importadores y comerciantes que intentaban ingresar cargas de contrabando al país para evitar inspecciones por parte de las autoridades. Estos sobornos, que alcanzaban sumas de entre $400 millones y $1.200 millones, se realizaban semanalmente en efectivo para evitar rastros bancarios. El dinero recaudado se distribuía en paquetes y se entregaba a funcionarios de la Polfa y la Dian para hacer la vista gorda ante las actividades ilegales.

Al parecer, Montoya y Gil eran los encargados de seleccionar a los comerciantes que ingresaban la mayor cantidad de mercancía en contenedores y que tenían la capacidad de pagar rápidamente los sobornos. Además, también cobraban a los conductores de tractomulas que pasaban por Barranquilla.

Según el medio, el listado de BL (bill of lading), conocido en español como guía de carga, era utilizado para identificar a los comerciantes que ingresaban contenedores con mercancía de contrabando. Esta información era crucial para determinar a quién y cuánto cobrar por los sobornos.

Para simular resultados positivos en los controles, Montoya y Gil presuntamente enviaban a un hombre llamado Felipe Henao Escobar a supermercados de cadena para comprar grandes cantidades de confitería y recolectar calzado entregado por contrabandistas, los cuales eran presentados como mercancías incautadas.

Además, la organización no se limitaba a Barranquilla, sino que planeaba expandir sus actividades ilícitas a otros puertos, como Buenaventura, donde se recibe la mayor cantidad de mercancía en Colombia. Esta expansión permitiría aumentar sus ganancias en un 500%.

También se reveló que los uniformados involucrados habrían mantenido comunicación con miembros de la oficina de Envigado en Antioquia, para entregar supuestas órdenes de asesinato cuando sus actividades delictivas lo requerían.

Extinción de dominio sobre bienes millonarios

La Fiscalía detalló que los bienes presuntamente adquiridos por los uniformados con las ganancias ilícitas incluyen inmuebles y vehículos ubicados en el Eje Cafetero, lo que evidenciaría un enriquecimiento que no corresponde con sus ingresos legales. Estas propiedades han sido objeto de medidas cautelares con fines de extinción de dominio, como parte de las acciones judiciales emprendidas contra los implicados.

Como parte de las acciones judiciales, la Fiscalía también llevó a cabo la ocupación de varios bienes vinculados a los implicados, con fines de extinción de dominio. Según el ente acusador, estos bienes están avaluados en más de 5.940 millones de pesos colombianos (aproximadamente 1,4 millones de dólares estadounidenses). Entre las propiedades ocupadas se encuentran inmuebles y vehículos que, presuntamente, fueron adquiridos con los recursos obtenidos a través de las actividades de contrabando.

Estas medidas buscan no solo desarticular la red, sino también recuperar los recursos que fueron obtenidos de manera ilegal, enviando un mensaje claro sobre las consecuencias de participar en actividades de este tipo. La Fiscalía destacó que este tipo de acciones son fundamentales para combatir el contrabando y proteger la economía nacional.