El archivo de la reforma laboral impulsada por el presidente Gustavo Petro ha desencadenado una serie de movimientos en el Gobierno, marcados por la solicitud de renuncias en puestos clave, al parecer como retaliación contra los congresistas que hundieron virtualmente el proyecto.
Según se conoció en la tarde este miércoles 12 de marzo, el director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), Ludwing Valero, presentó su dimisión tras ser requerido por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).
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Este hecho se produce pocas horas después de que ocho senadores presentaran una ponencia para archivar la reforma, lo que ha sido interpretado como una respuesta directa del Ejecutivo a lo que consideran una “traición” legislativa.
La salida de Valero, quien llevaba casi tres años al frente de la Uspec, no estaría relacionada con las investigaciones por presuntas irregularidades en contratos que lo involucraban, sino con su vínculo político con el senador liberal Miguel Ángel Pinto, uno de los principales promotores del archivo de la reforma.
Según información revelada por la revista Semana, el residente Petro aceptó la renuncia de Valero como parte de las medidas adoptadas tras la derrota legislativa, lo que dejaría en evidencia las tensiones entre el Gobierno y los congresistas de la Comisión Séptima del Senado.
La Uspec, entidad encargada de la alimentación e infraestructura del sistema penitenciario, ha estado bajo la lupa por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos.
Durante la gestión de Ludwing Valero, se denunciaron prácticas como el uso de documentación falsa, alteraciones en estados financieros y certificaciones de experiencia cuestionables para favorecer a contratistas. Según las investigaciones en curso, estas irregularidades habrían permitido la adjudicación de contratos millonarios sin cumplir con los requisitos legales.
Según información revelada por Semana, pese a las advertencias de la Oficina Asesora Jurídica de la Uspec sobre posibles violaciones a los principios de contratación, se aprobaron convenios por más de 85.692 millones de pesos en los últimos días de diciembre.
Estos contratos, que vencían en diciembre de 2024, fueron ampliados mediante modificaciones de última hora, lo que generó críticas por parte de algunos sectores. A pesar de las denuncias, las investigaciones en la Fiscalía no avanzaron lo suficiente para generar cambios en la dirección de la Uspec, hasta ahora.
La Uspec ha sido señalada en repetidas ocasiones por su cercanía con figuras del Partido Liberal, como los senadores Miguel Ángel Pinto y Fabio Amín. Según fuentes políticas citadas por Semana, esta relación habría influido en la designación de Ludwing Valero como director de la entidad.
Durante su gestión, Valero tuvo la tarea de atender las necesidades de la población carcelaria y coordinar con el Inpec, encargado de la custodia y vigilancia de las 126 cárceles bajo su administración.
Además de la salida de Ludwing Valero, el Gobierno también aceptó la renuncia de Silvia Patricia Pinto, hija del senador Miguel Ángel Pinto, quien se desempeñaba como gerente de operaciones del Fondo Nacional del Ahorro (FNA) desde diciembre de 2022.
Este movimiento refuerza la percepción de que las decisiones del Ejecutivo estarían dirigidas a debilitar la influencia de los congresistas que promovieron el archivo de la reforma laboral.
Otro funcionario que dejará su cargo es Alexander Jaimes, director de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior. Aunque no se han detallado las razones específicas de su salida, su vínculo con el Partido Liberal, al que pertenecen los senadores Pinto y Fabio Amín, parece ser un factor determinante en este contexto.
Entretanto, la reforma laboral, una de las iniciativas más importantes del presidente Petro, buscaba modificar las condiciones laborales en el país, pero enfrentó una fuerte oposición en el Congreso.
La ponencia negativa presentada por ocho senadores, entre ellos Miguel Ángel Pinto, fue el golpe definitivo para la propuesta, que llevaba casi un año sin lograr avanzar hacia una discusión en la plenaria del Senado.
El archivo de la reforma ha sido interpretado por el Gobierno como una “traición” de los legisladores, lo que ha llevado a una serie de decisiones que buscarían reconfigurar el panorama político dentro del Ejecutivo.
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