Federico Gutiérrez sostiene que inspección del Ministerio de Minas a EPM obedece a una “venganza política” de Petro

El miércoles 12 de marzo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió a la orden del Ministerio de Minas y Energía de realizar una inspección a Empresas Públicas de Medellín (EPM) y sus filiales, medida que será ejecutada por la Superintendencia de Servicios Públicos, con el propósito de verificar el cumplimiento de las normativas y contratos vigentes.

Gutiérrez calificó la acción como una represalia política y un abuso de poder por parte del presidente de la República, Gustavo Petro. Asimismo, aclaró que aún no ha recibido una comunicación oficial referente a la visita de inspección.

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Independientemente de las motivaciones, el mandatario local aseguró que EPM está preparada para recibir la inspección en cualquier momento, destacando que la empresa cumple con todos los requisitos legales y operativos.

“Bienvenidos, si quieren ya. Las puertas están abiertas, lo que está mal hecho es que sea una falsa motivación y un abuso de poder. Pero siempre estamos listos porque tenemos todo al día, es una empresa modelo a nivel, no solo nacional, sino a nivel mundial”, afirmó el mandatario de los medellinenses a medios de comunicación.

El alcalde insistió en su disposición para la inspección, no sin antes lanzar duras críticas hacia el Gobierno Petro, señalando que la medida responde a una supuesta “venganza política” orquestada desde la Casa de Nariño.

Según Gutiérrez, esta acción estaría dirigida por el presidente Gustavo Petro y el Ministerio de Minas, en un intento de ejercer presión política sobre la administración local. Esto, en medio de la decisión de embargo de más de $83.000 millones a las cuentas de la Nación, que emitió un juez de la República por una deuda con Centrales Eléctricas del Norte de Santander, filial del Grupo EPM (Empresas Públicas de Medellín).

“Insisto, aquí hay una falsa motivación sobre esa inspección y está clara cuál es. Yo creo que el país hoy no tiene ni una duda de que esa inspección que le quieren hacer a EPM y a sus filiales, ordenada desde la Presidencia de la República y del Ministerio de Minas, es una venganza política. Petro ya actúa como dictador”, enfatizó Gutiérrez en sus declaraciones.

Cabe señalar que, el conflicto escaló cuando un juez de Bogotá ordenó el embargo de cuentas del Gobierno nacional para garantizar el pago de la mencionada deuda. Este hecho provocó un intercambio de declaraciones entre el alcalde y el ministro de Minas, Edwin Palma, que posteriormente solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos que iniciara la inspección a EPM.

En una carta dirigida al superintendente de Servicios Públicos, Yanot Márquez, el ministro Palma explicó que la inspección tiene como objetivo principal garantizar que las actividades de EPM y sus filiales cumplan con las normativas y los contratos de servicios públicos.

El ministro también expresó su confianza en que la supervisión contribuirá a mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por la empresa. “En el ejercicio de la función de inspección, las acciones encaminadas a efectuar el seguimiento y monitoreo de las actividades que ejecutan los prestadores para efectos de establecer el efectivo cumplimiento del contrato de servicios públicos y de las normas a las cuales se encuentran sometidos”, se lee en la misiva.

Entre tanto, en lo que respecta a la orden de embargo a las cuentas del Gobierno, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió un comunicado en el que aclara que los recursos públicos son “inembargables, inalienables e imprescriptibles”, al estar protegidos por la Constitución y la normativa presupuestaria, “garantizando su destinación exclusiva al cumplimiento de las funciones del Estado”.

“El Ministerio de Hacienda y Crédito Público adelantará las gestiones necesarias para solicitar el desembargo inmediato, dado que la medida no se ajusta a lo establecido por la ley”, puntualizó el comunicado.