La reciente propuesta del Ministerio de Ambiente ha generado una fuerte controversia en diversos sectores políticos y económicos de Bogotá y Cundinamarca.
Representantes a la Cámara y concejales de la capital expresaron su rechazo a la resolución, argumentando que las restricciones ambientales contempladas afectarían el desarrollo de la región y pondrían en riesgo proyectos clave de infraestructura, transporte y energía.
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El punto central del debate radica en que la resolución impone severas limitaciones al uso del suelo en 39 municipios de Cundinamarca y 4 del Meta, restringiendo la expansión urbana, las actividades agropecuarias y la construcción de infraestructura clave.
Según los legisladores, estas disposiciones fueron formuladas sin la debida concertación con las autoridades locales ni con los sectores afectados, lo que podría vulnerar la autonomía territorial.
“No podemos permitir que decisiones de esta magnitud se tomen a espaldas de quienes representamos a la ciudadanía y conocemos las necesidades de nuestra región”, manifestaron en un comunicado conjunto los representantes Carolina Arbeláez, Irma Luz Herrera, Julia Miranda, Catherine Juvinao, Jaime Uscátegui, Katherine Miranda y Andrés Forero, junto a los concejales Daniel Briceño, Sandra Forero, Julián Uscátegui, Jesús David Araque, Rolando González y Juan David Quintero.
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Proyectos en riesgo
Los legisladores han advertido en el comunicado que la resolución podría comprometer el desarrollo de obras fundamentales para la movilidad, el transporte y la sostenibilidad de Bogotá y su área metropolitana. Entre los proyectos afectados se encuentran:
- Metro de Bogotá (Líneas 1, 2 y 3)
- Regiotram de Occidente y Norte
- Avenida Longitudinal de Occidente (ALO)
- Ampliación de la Autopista Norte y la Carrera Séptima
- Prolongación de la Avenida Boyacá
- Troncal de la Calle 13
- Cable Aéreo a La Calera
- Ampliación del Aeropuerto El Dorado y del Aeropuerto Guaymaral
- Proyecto Ciudad Aeropuerto
- Ferrocarril de la Sabana
- Plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) Canoas y Salitre
- Construcción de Chingaza II
También se ha mencionado el impacto sobre el sector energético, en especial en la expansión de la red de transmisión de energía, crucial para garantizar el suministro eléctrico en la región.
La decisión del ministerio de Ambiente ha sido criticada por su falta de consulta previa con las autoridades locales y los ciudadanos. Según los congresistas y concejales, esta omisión demuestra una falta de diálogo por parte del gobierno Nacional en asuntos que impactan a millones de colombianos.
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Ante esta situación, se anunció la presentación de un derecho de petición formal para solicitar las actas de quienes participaron en los diálogos que llevaron a la formulación de la resolución. Según los legisladores, el documento impone restricciones en el uso del suelo y prohíbe la construcción en zonas rurales, lo que podría afectar la transformación de sistemas agroecológicos y bloquear el desarrollo en áreas cercanas a humedales.
Además, se prohibirían actividades productivas esenciales como la ganadería, floricultura y agricultura, lo que generaría un impacto significativo en la economía regional. Los representantes Carolina Arbeláez, Irma Luz Herrera y Andrés Forero, junto a los concejales Daniel Briceño y Julián Uscátegui, hicieron un llamado a la ciudadanía y a los sectores productivos para que se unan al rechazo de la resolución.
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Los congresistas también han solicitado el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación para garantizar que los derechos de los ciudadanos y el desarrollo regional no se vean vulnerados por decisiones que consideran desproporcionadas.
En este contexto, los concejales Juan David Quintero y Daniel Briceño han criticado la resolución por considerarla una medida del gobierno para frenar el crecimiento de Bogotá.
Finalmente, los legisladores reiteraron la necesidad de encontrar un equilibrio entre la preservación ambiental y el desarrollo sostenible de la región. Según ellos, las decisiones deben incluir la participación de todos los actores involucrados y no imponerse de manera unilateral. La comunidad, afirman, debe estar alerta y unida para defender el progreso y el bienestar de Bogotá y su área metropolitana.
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