La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto para la Economía Social (Ipes), comenzará a aplicar un cobro por el uso del espacio público en la ciudad, en cumplimiento del Decreto 315 de 2024.
Según informó el director del Ipes, Wilfredo Grajales, esta medida no está dirigida exclusivamente a los vendedores informales, sino que busca regular el aprovechamiento del espacio público en general, estableciendo protocolos específicos para su uso.
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El decreto, que tiene como objetivo organizar y regular las actividades económicas que se desarrollan en el espacio público, ha generado preocupación entre los vendedores informales, que temen que esta nueva normativa ponga en riesgo su sustento diario.
En la actualidad, Bogotá cuenta con más de ochenta mil vendedores informales, muchos de los cuales dependen exclusivamente de esta actividad para mantener a sus familias.
El decreto establece que los vendedores informales deberán pagar por los metros cuadrados que ocupen en el espacio público, lo que ha generado incertidumbre entre quienes llevan años trabajando en las calles.
Sandra, una vendedora que comercializa ropa en un andén del barrio Quirigua, expresó su preocupación a Noticias Caracol, señalando que esta es su única fuente de ingresos para mantener a sus dos hijas.
“De nuestro mínimo vital para mis dos hijas. Tengo una hija de 20 años y una de 10 de las cuales obviamente soy responsable”, afirmó.
Sandra teme que, además de tener que pagar por el espacio que utiliza, deba competir con empresas o personas que puedan ofrecer cifras más altas por el mismo lugar.
“Primero, porque vamos a perder la confianza legítima. O sea, si tú llevas diez o cinco años, ya la perdiste porque viene un nuevo contrato a un año o cinco años”, explicó, refiriéndose a los permisos que ahora tendrán una duración limitada.
Otro vendedor, Henry, también manifestó su preocupación por la posibilidad de ser desplazado. “No sé si yo podría pagar 20 mil pesos mensuales. Un ejemplo: llega otro de alguna empresa importante a pagar. Entonces me estarían sacando a mí injustamente. Entonces tenemos derecho al trabajo”, declaró a Noticias Caracol.
De acuerdo con el Ipes, el Decreto 315 de 2024 no busca desalojar a los vendedores informales, sino establecer un orden que permita un equilibrio entre los derechos de estos trabajadores y el uso adecuado del espacio público por parte de la ciudadanía.
Según explicó el director del Ipes Wilfredo Grajales, “el espacio es de todos los ciudadanos, y quien use el espacio público lo debe usar: primero en condición de orden y debe haber unos protocolos”.
El protocolo derivado del decreto incluye cinco lineamientos principales para regular el aprovechamiento económico del espacio público.
Entre ellos, se contempla un enfoque diferencial que tiene en cuenta las condiciones socioeconómicas de los vendedores informales. Esto significa que las tarifas podrían variar dependiendo de si el vendedor utiliza mobiliario propio o las alternativas ofrecidas por el Instituto.
Además, se prevén reducciones o incluso exenciones para personas en condiciones de vulnerabilidad.
El funcionario también indicó que el cobro mensual por el uso del espacio público no debería superar los 60.000 a 80.000 pesos, y aclaró que los vendedores no estarán obligados a permanecer en un lugar fijo, ya que las condiciones de ocupación pueden variar.
El protocolo establece que los permisos para el uso del espacio público tendrán una duración de entre uno y dos años, dependiendo del tipo de mobiliario utilizado. Estos permisos podrán renovarse hasta por un máximo de cinco años, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos.
Según Grajales, el objetivo es garantizar que la actividad económica de los vendedores informales sea responsable con la ciudad y que se respeten las normas establecidas.
El Ipes también enfatizó que no existe ninguna directriz para desalojar a los vendedores informales. Por el contrario, la entidad busca promover la organización de estas actividades en el espacio público, asegurando que tanto los vendedores como los ciudadanos se beneficien de un entorno más ordenado.
El marco legal que respalda esta medida se basa en la Ley 1988 de 2019, que reconoce la venta informal como una forma legítima de trabajo. Además, la Constitución Política de Colombia y la jurisprudencia de la Corte Constitucional garantizan derechos fundamentales como el mínimo vital, la confianza legítima y el derecho al trabajo, especialmente para los vendedores informales, que son considerados un grupo en condición de vulnerabilidad.
El Ipes, como entidad administradora de esta actividad, tiene la responsabilidad de equilibrar el derecho al trabajo de los vendedores informales con la conservación del espacio público. Según explicó el experto en economía popular Alejandro Rivera a Noticias Caracol, “es claro que los vendedores informales tienen derechos como la Corte Constitucional lo ha manifestado. Que se debe tener un trato preferencial a la hora de recuperar y organizar el espacio público para garantizar tres derechos: el mínimo vital, la confianza legítima y el derecho al trabajo”.
El director del Instituto reiteró que la posición de la entidad es abierta al diálogo y que se busca lo mejor para los vendedores informales. “No vemos con buenos ojos que se utilicen a los vendedores informales para campañas políticas, ni para buscar intereses particulares en el espacio público. Trabajamos en garantizar acciones que propendan por la organización de los vendedores en dicho espacio”, afirmó Grajales.
Con esta medida, Bogotá busca avanzar hacia una gestión más organizada del espacio público, enfrentando el desafío de equilibrar los derechos de los vendedores informales con las necesidades de la ciudad y sus habitantes. Sin embargo, las inquietudes de los vendedores reflejan la complejidad de implementar una normativa que impacta directamente en su sustento diario.
El anuncio de la medida provocó manifestaciones en en centro de la ciudad
En el centro de Bogotá se dieron cita vendedores informales del sector de San Victorino con el fin de protestar por la medida que busca implementar el Distrito con el cobro por el uso del espacio público en la ciudad.
Estos bloqueos han afectado la movilidad en diferentes puntos de la ciudad, pero uno de los más neurálgicos es el centro ya que en este punto es donde se concentra la mayoría de los vendedores ambulantes de la capital.
Por el momento la Administración Distrital no se ha pronunciado sobre estas manifestaciones, por lo que los vendedores esperan que se derogue esta norma que según ellos afectaría severamente la economía de sus familias.
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