Por su presunta responsabilidad en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la exconsejera presidencial para las Regiones Sandra Ortiz está enfrentando un proceso penal por los delitos de tráfico de influencias de servidor público y lavado de activos. La exfuncionaria es señalada de haber mediado la desviación de recursos públicos de la entidad, que habrían sido recibidos por congresistas.
En el proceso, se tenía programada una audiencia de formulación de acusación para el 6 de marzo de 2025 a las 8:00a a. m., pero la defensa de la exconsejera solicitó su aplazamiento, el cual aceptó el juez del caso. El abogado Oswaldo Medina Posada, que representa los intereses de Ortiz, argumentó que la procesada debe rendir declaraciones ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, por lo que estaría imposibilitada para asistir a la diligencia.
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“Para los días 5, 6 y 7 de marzo de 2025, tiene diligencias de declaración agendadas por la Sala Especial de Instrucción de la Honorable Corte Suprema de Justicia, ello dentro del radicado 53.492, magistrado ponente Héctor Javier Alarcón Granobles”, se lee en el documento en el que el Juzgado 8 Penal del Circuito Especializado de Bogotá, revelado por Blu Radio.
La audiencia, en consecuencia, fue reprogramada para el 10 de abril de 2025, a partir de las 8:00 a. m.
Las acusaciones contra Sandra Ortiz: el traslado de coimas
En noviembre de 2024, la exfuncionaria de la Presidencia de la República fue imputada por la Fiscalía General de la Nación ante una juez de control de garantías de Bogotá. Esto, al determinar que, presuntamente, fue la responsable de haber recibido, transportado y entregado dinero de origen ilícito al expresidente del Senado Iván Name. El congresista habría recibido $3.000 millones por parte de Ortiz, los cuales fueron desviados de un contrato de la Ungrd, utilizado para la compra de 40 carrotanques que tenían como fin suministrar agua potable para los habitantes de La Guajira, pero que se quedaron sin operar durante mucho tiempo.
“De acuerdo con las diferentes actividades investigativas orientadas por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, la tarde del 12 de octubre de 2023, en un apartamento del centro de Bogotá, la entonces consejera para las Regiones, al parecer, recibió de los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, una maleta con 1.500 millones de pesos en efectivo, que posteriormente llevó en un vehículo oficial al norte de la ciudad para entregársela al mencionado congresista”, detalló el ente acusador en un boletín informativo.
Luego, el 13 de octubre de 2023, la exconsejera, presuntamente, recibió otros $1.500 millones por parte de Sneyder Pinilla, que para entonces fungía como subdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd. El dinero, nuevamente, fue trasladado hasta el domicilio de Iván Name. Estos recursos habrían sido utilizados para comprar al expresidente del Senado, en aras de que impulsara las reformas sociales del Gobierno nacional en el Congreso de la República.
Además, de acuerdo con expuesto por la fiscal del caso en la audiencia de imputación de cargos, llevada a cabo el 29 de noviembre de 2024, Sandra Ortiz habría recibido órdenes de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), en relación con las actividades ilícitas en las que habría incurrido. Pues, le habría pedido encargarse de la mediación entre el exdirector de la Ungrd Olmedo López e Iván Name.
“Usted, como alta consejera presidencial para las Regiones, oficina vinculada al Dapre, creó riesgos jurídicamente desaprobados, idóneos y sustanciales al utilizar indebidamente en provecho del presidente del Senado, Iván Leonidas Name, valiéndose de su posición prevalente en la rama ejecutiva. Usted ejerció influencias indebidas”, detalló la fiscal en su momento.
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