
Pese a que el Ministerio de Educación informó recientemente sobre los esfuerzos que adelanta para facilitar el proceso de convalidación de títulos obtenidos en el exterior, incluida la creación de la plataforma virtual para agilizar el proceso, los estudiantes colombianos siguen viviendo un calvario para obtener la certificación.
De hecho, se quejan de que un sistema que debería facilitar la integración de profesionales formados en el extranjero al mercado laboral colombiano se ha convertido en un obstáculo insalvable para muchos.
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Decenas de personas enfrentan largos procesos, negativas reiteradas y costos elevados al intentar convalidar sus títulos académicos obtenidos fuera del país. Este trámite, indispensable para ejercer en Colombia, ha dejado a numerosos profesionales en una situación de incertidumbre y frustración.
Ese es el caso de Gabriela, una docente en ciencias sociales, que ha tenido que enfrentarse a duros obstáculos para certificar sus estudios en el extranjero.

Según comentó la profesional a la revista Cambio, en 2019, viajó a España para realizar una maestría con el objetivo de mejorar su posición laboral y salarial. Sin embargo, tras tres años de intentos fallidos para convalidar su título en Colombia, se ha visto obligada a recurrir a instancias judiciales.
Según explicó, el proceso ha sido tan complejo que incluso ha tenido que contratar un abogado para defender su caso. Gabriela asegura que su título proviene de una universidad reconocida en España, pero las trabas burocráticas en el Ministerio de Educación han hecho que su esfuerzo académico y económico aún no rinda frutos.
“Estoy esperando que un juez decida. Llevo un año en ese proceso, y me tocó pagar un abogado. Esto también se volvió un tema de honor”, señaló la profesional al medio.
Y es que el trámite de convalidación en Colombia no solo es engorroso, sino también costoso. Según las tarifas establecidas para 2025, el proceso tiene un valor de 913.314 pesos para títulos de pregrado y 1.037.811 pesos para posgrados. Además, este monto debe pagarse al inicio del trámite, sin garantía de que la solicitud sea aprobada.
El procedimiento incluye siete etapas, desde el registro en la plataforma hasta la notificación de la decisión final. Aunque el Ministerio de Educación asegura que el proceso debería tomar entre 60 y 180 días, los testimonios recopilados por la revista revelan que, en muchos casos, los tiempos se extienden demasiado, como en el caso de Alejandro, un abogado que cursó una especialización en Chile y relató que lleva más de un año y medio esperando una respuesta tras presentar un recurso de reposición.

Otro caso es el de Ronny, un médico venezolano que lleva tres años intentando convalidar su especialización. Según explicó, las inconsistencias señaladas por el Ministerio están relacionadas con cambios en el programa académico de su universidad, ocurridos en las últimas cuatro décadas.
Ronny, quien tiene más de 60 años, teme que el tiempo siga jugando en su contra, ya que cada día que pasa sin la convalidación reduce sus posibilidades de encontrar empleo en Colombia.
La Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Conaces) es la entidad encargada de evaluar la mayoría de las solicitudes de convalidación.
Creada en 2003, esta comisión cuenta con salas de evaluación organizadas por áreas de conocimiento, como Ciencias de la Salud, Humanidades, Ingenierías y Artes, entre otras. Cada sala está compuesta por expertos académicos que analizan las solicitudes y emiten un veredicto.
Sin embargo, las decisiones de la Conaces han sido objeto de críticas por su falta de uniformidad. Carlos, un médico que se especializó en Argentina, denunció que su solicitud fue rechazada bajo el argumento de que no realizó rotaciones específicas en áreas como oncología y nefrología, consideradas esenciales por el Ministerio.

Según Carlos, en Argentina las rotaciones suelen ser integrales, lo que significa que abarcan varias áreas bajo una misma estructura. Además, señaló que conoce casos de colegas que estudiaron en la misma universidad y cuya convalidación fue aprobada, lo que evidencia inconsistencias en los criterios de evaluación.
Incluso, la complejidad del proceso habría dado lugar a la aparición de tramitadores que ofrecen agilizar las solicitudes a cambio de dinero. La revista Cambio documentó el caso de un hombre que se estaría presentando como funcionario del Ministerio de Educación.
Este individuo solicitaría pagos de hasta dos millones de pesos, divididos en dos partes: la primera al inicio del trámite y la segunda al obtener la convalidación.
Aunque el Ministerio de Educación confirmó que no existe ningún funcionario con ese nombre en sus registros, las conversaciones y capturas de pantalla obtenidas por el medio muestran que Bernal tendría acceso a información interna del proceso.
Al ser confrontado, negó ser empleado del Ministerio y afirmó que sus servicios consisten en realizar tutelas y derechos de petición, cobrando “honorarios” por ello.
El Ministerio también reconoció a Cambio haber recibido denuncias sobre cobros indebidos para acelerar los trámites internos. Según explicó, estas quejas han sido remitidas a la Oficina de Control Interno Disciplinario y a la Fiscalía General de la Nación para su investigación.
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