Daniel Quintero aseguró que “acabaría con la Procuraduría en su Gobierno” y Angélica Monsalve le contestó: “¿Usted cree que es fácil?”

La Procuraduría General de la Nación ha avanzado en el proceso disciplinario que sigue contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.

Según compartió el abogado Abelardo de la Espriella en su cuenta de X, la entidad está a punto de presentar un pliego de cargos contra Quintero, en el marco de una investigación iniciada en 2021.

El caso se centra en presuntas irregularidades relacionadas con la actualización de su declaración de bienes y rentas, específicamente por posibles omisiones en los registros de información pública, lo que podría derivar en sanciones por incumplir los protocolos establecidos para la transparencia y la rendición de cuentas.

Frente a esto, Quintero escribió varios mensajes en su cuenta de X defendiéndose de los señalamientos e, incluso, llegó a comentar que el Ministerio Público lo quiere sacar de la elección presidencial.

Pero el mensaje de Quintero que más llamó la atención fue el de “en mi gobierno vamos a acabar con la Procuraduría”.

Sin embargo, la controversial exfiscal Angélica Monsalve le contestó a dicha propuesta y abrió el siguiente interrogante: “¿Usted cree que lo que promete es fácil?”

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“En mi gobierno vamos a acabar con la Procuraduría”, escribió en su cuenta de X el exalcalde de Medellín. Y es que Quintero también comentó que la Procuraduría General de la Nación pretendía cortar sus aspiraciones presidenciales con el juicio disciplinario que se le avecina.

Esta propuesta provocó una enérgica respuesta de la exfiscal, quien le exigió realizar una campaña honesta. “Daniel, haga campaña honesta y no engañe a los colombianos, que estamos cansados de tanta politiquería y falsas promesas”, expresó, cuestionando la viabilidad y la seriedad de la propuesta.

La exfiscal también advirtió que si Quintero pretende hacer tales promesas, debería explicar cómo planea llevarlas a cabo y no limitarse a decirlas para ganar votos.

“¿Usted cree que lo que promete es fácil?”, retó, sugiriendo que las promesas populistas deberían considerarse un delito, similar a la estafa electoral, debido a su potencial para engañar a los votantes desprevenidos.

“Daniel haga campaña honesta y no engañe a los colombianos que estamos cansados de tanta politiquería y falsas promesas. Si va a proponer diga como lo va a hacer y no tan solo por decirlo como un populista más que quiere ganar votos y engañar a incautos. ¿Usted cree que lo que promete es fácil? Las promesas populistas deberían ser un delito, parecido a la estafa electoral”, escribió la fiscal en su publicación de X.

Y es que, en varias oportunidades, Daniel Quintero ha dejado ver sus aspiraciones presidenciales de hecho, fuentes cercanas al exalcalde le confirmaron a Infobae Colombia que los planes electorales de Quintero siguen intactos y desde ya está buscando alianzas para asegurar su cupo en las elecciones de 2026.

Sobre la Procuraduría cuando se dio a conocer que presentarían un pliego de cargos en su contra en otra de sus publicaciones comentó que pediría protección a la CIDH por, según él, querer sacarlos de la próxima contienda electoral presidencial.

“Pediré protección a la CIDH por los intentos de la Procuraduría de sacarme de la elección presidencial. Cada año publico mi declaración de renta en redes sociales, incluso ahora que no soy Alcalde. En ninguna encontrarán irregularidad alguna. No tengo fincas ni aviones ni yates. En 2020 presenté en SIGEP mi declaración de renta para posicionarme y en 2021 la actualicé como es debido”, escribió Quintero en otra de sus publicaciones con respecto al tema.

El proceso disciplinario contra el exalcalde comenzó a raíz de una denuncia presentada en noviembre de 2021 por el abogado De La Espriella. En su queja, el abogado señaló que Quintero había incumplido su obligación de actualizar su declaración de bienes y rentas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep), al no hacerlo desde el 7 de febrero de 2020. Según la denuncia, esta omisión contravenía las normas de transparencia y control ciudadano establecidas en las Leyes 190 de 1995 y 2013 de 2019.