El Congreso de la República sigue adelante con el debate sobre el proyecto de ley ‘Jorge Pizano’ —nombrado así en honor al ingeniero que, como controller en la Ruta del Sol II, expuso irregularidades relacionadas con el caso Odebrecht—, esta iniciativa busca brindar protección a quienes denuncien posibles actos de corrupción en Colombia.
La propuesta, respaldada por el Gobierno nacional y liderada por la bancada del Pacto Histórico, fue aprobada en segundo debate en la Cámara de Representantes y se encuentra ahora en la Comisión Primera del Senado, donde deberá superar dos debates más para convertirse en ley.
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La propuesta establece un sistema normativo que refuerza la seguridad de los denunciantes, abarcando no solo a ciudadanos particulares, sino a periodistas, líderes sociales y profesionales que investiguen e informen sobre actos de corrupción. El objetivo central de la iniciativa es eliminar el miedo que enfrentan muchas personas al denunciar irregularidades en instituciones públicas y privadas, fortaleciendo las herramientas de protección y promoviendo una cultura de transparencia.
Uno de los puntos clave del proyecto es la creación del Sistema Unificado de Protección a Reportantes o Denunciantes de Actos de Corrupción (Suprac). Esta entidad interinstitucional tendrá la misión de coordinar y garantizar la implementación de medidas de seguridad para los denunciantes y sus allegados.
Según lo estipulado en el proyecto, Suprac contará con la participación de organismos de control como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, además de ministerios y agencias gubernamentales relacionadas con la transparencia y la protección de derechos.
El proyecto de ley establece que las medidas de protección se aplicarán a quienes denuncien presuntos hechos de corrupción y también a sus familiares y a facilitadores que puedan verse afectados por su labor de denuncia. De igual manera, la iniciativa contempla medidas de seguridad para periodistas que investiguen casos de corrupción y que, en muchas ocasiones, enfrentan amenazas por su trabajo investigativo.
Protección especial para víctimas de amenazas
Un aspecto novedoso de la propuesta es que contempla la protección transitoria de personas amenazadas por su labor de denuncia. La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República podrá garantizar la seguridad de los denunciantes en riesgo por un período máximo de 26 meses, tiempo en el que se les brindará asistencia y respaldo para evitar represalias en su contra.
La congresista María del Mar Pizarro, una de las principales impulsoras de la iniciativa, destacó que “cuando llegamos al gobierno nos dimos cuenta de que una de las principales taras que había para luchar contra la corrupción es el miedo. En Colombia la gente tiene miedo de denunciar. Esta herramienta busca precisamente dar seguridad a quienes deciden hacerlo”, señaló para las cámaras de Rtvc Noticias.
El proyecto ‘Jorge Pizano’ también se alinea con los compromisos internacionales de Colombia en la lucha contra la corrupción. La propuesta sigue los lineamientos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción y las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), lo que refuerza el compromiso del país en fortalecer los mecanismos de denuncia y protección de los recursos públicos.
Los autores del proyecto enfatizaron que esta legislación busca incentivar la denuncia de delitos como tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, interés indebido en contratos, prevaricato y soborno. Para esto, se espera que en medio de la protección que plantea la ley sea un incentivo para que más ciudadanos se sientan seguros de reportar irregularidades.
El proyecto ahora debe superar dos debates en el Senado antes de ser sancionado como ley; su aprobación en la Comisión Primera del Senado será un paso crucial, ya que esta es la instancia donde se discutirán los aspectos técnicos y jurídicos de la iniciativa. Posteriormente, deberá ser debatido en la plenaria del Senado, donde se definirá su futuro legislativo.
Si la propuesta logra convertirse en ley, representaría un avance significativo en la lucha contra la corrupción en Colombia, al brindar mayor respaldo a los denunciantes y reforzar la cultura de la denuncia.
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