
En Bogotá, la Línea de Emergencias 123 se consolidó como un recurso esencial para atender situaciones críticas relacionadas con la seguridad, la salud y emergencias naturales. Sin embargo, según informó la Secretaría de Seguridad, un alto porcentaje de las llamadas que recibe esta línea no corresponden a su propósito, lo que afecta su capacidad de respuesta ante incidentes reales.
De acuerdo con la entidad, en promedio, el 70% de las llamadas que ingresan son improcedentes, lo que para las autoridades que conforman la red de atención representa un desafío significativo atendértelas, teniendo presente que el servicio que opera las 24 horas del día y los siete días de la semana.
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La dependencia precisó que la Línea de Emergencias 123 recibe diariamente un promedio de 22.000 llamadas, lo que equivale a 920 por hora o 16 por minuto. A pesar de su capacidad tecnológica y humana, el mal uso de esta línea, que incluye consultas no relacionadas con emergencias y llamadas de broma, pone en riesgo la atención oportuna de quienes realmente necesitan ayuda.
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Según la secretaría dicho problema ha llevado a las autoridades a implementar medidas sancionatorias para los infractores, incluyendo multas económicas y la posible cancelación de la línea telefónica desde la que se realicen llamadas indebidas.

Consecuencias del mal uso de la Línea 123
Y es que el mal empleo de la Línea de Emergencias 123 no solo afecta la eficiencia del servicio, sino que también tiene consecuencias legales para los responsables. Según lo dispuesto en la Ley 2197 de 2022, el Código Nacional de Policía, Seguridad y Convivencia Ciudadana establece sanciones para quienes realicen llamadas indebidas.
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Estas sanciones incluyen multas de hasta 16 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (smdlv) y la participación en actividades pedagógicas. En casos más graves, se contempla la cancelación de la línea telefónica fija o móvil desde la que se originaron las llamadas. Para 2025, la multa es de $759.200.

Casos en los que se debe utilizar la Línea 123
El propósito principal de la Línea de Emergencias 123 es atender incidentes que comprometan la seguridad, la salud o el bienestar de los ciudadanos. Según consignó la entidad, los casos en los que se debe recurrir a este servicio incluyen situaciones como violencia física, robos, accidentes de tránsito con heridos, riñas, incendios, deslizamientos de tierra, inundaciones y emergencias médicas graves, como problemas cardíacos o nacimientos anticipados. Además, la línea también está habilitada para reportar animales en riesgo o casos de maltrato animal.
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Por otro lado, se enfatizó que la línea no debe ser utilizada para consultas generales sobre la ciudad, como información sobre el pico y placa, sitios turísticos o servicios de entidades distritales. Para estos fines, el Distrito dispone de la línea 195. Asimismo, la Línea 123 no es el canal adecuado para interponer denuncias, ya que existen otros servicios específicos como la Línea 122 de la Fiscalía General de la Nación o la Línea 165 del Gaula Nacional.
Un sistema moderno con estándares internacionales
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, la Línea de Emergencias 123 de Bogotá experimentó importantes avances en los últimos años. La entidad detalló que su infraestructura fue modernizada para garantizar una respuesta más eficiente.
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Actualmente, el sistema cuenta con certificaciones internacionales de NENA 911, lo que lo posiciona al nivel de países como México, Canadá y Estados Unidos. Dicho reconocimiento internacional destaca la calidad del servicio y su capacidad para atender emergencias de manera rápida y efectiva.
El equipo humano detrás de la línea está compuesto por más de 380 profesionales, entre operadores civiles y policías, quienes trabajan de manera ininterrumpida para atender las solicitudes de los ciudadanos.
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La secretaría aclaró que los operadores están capacitados para evaluar la naturaleza de cada llamada y redirigirla a las entidades correspondientes, como la Policía Metropolitana de Bogotá, el Cuerpo de Bomberos, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue), las secretarías de la Mujer y de Movilidad, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), entre otros.
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