Defensa de Álvaro Uribe recusó a la fiscal que lleva el caso del expresidente por vínculos con Eduardo Montealegre

La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez radicó una recusación formal contra la fiscal Marlenne Orjuela Rodríguez, que lleva el caso en su contra por presunto soborno a testigos y fraude procesal. En el escrito, presentado por el abogado Jaime Granados, se expone que la fiscal está comprometida en su imparcialidad debido a su vínculo laboral con quien es actualmente una de las víctimas dentro de la causa contra Uribe.

El argumento principal de la defensa del exmandatario se basa en la relación profesional que existió entre la fiscal Orjuela y el exfiscal Eduardo Montealegre. En el documento de recusación, Granados señala que Orjuela fue nombrada en 2012 como fiscal delegada ante el Tribunal de Distrito por Montealegre, lo que, según el abogado, compromete su imparcialidad y objetividad en el manejo del caso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Mediante la presente recusación, se expondrá como usted, en su condición de Fiscal Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, debe separarse del conocimiento del presente caso, en tanto se encuentra impedida no sólo por estar incursa en la causal primera de impedimento de que trata el numeral primero del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, sino también porque su imparcialidad se encuentra cuestionada desde una perspectiva objetiva”, sostiene el escrito de la defensa.

Además, Granados señaló que la relación entre Orjuela y Montealegre genera una situación en la que, según su criterio, la fiscal tiene un “interés en la causa”, lo cual justificaría su separación del caso para asegurar un juicio justo. El documento, que incluiría una fotografía de Orjuela con Montealegre, resalta que dicho vínculo entre ambos funcionarios es motivo suficiente para que la fiscal se apartara de la investigación.

Pese a la naturaleza de la recusación, el abogado Jaime Granados ha insistido en que este recurso no tiene la intención de dilatar el proceso judicial que enfrenta Uribe. Según el defensor, la recusación no suspende la tramitación del caso, ya que, según la ley, la presentación de la misma no implica una paralización del proceso.

“Desde este momento, se advierte que la presente recusación no puede considerarse como una maniobra dilatoria en tanto, por expreso mandato legal, la presentación de la misma NO suspende la actuación”, señala Granados, haciendo hincapié en la urgencia de no interrumpir el calendario judicial, especialmente porque el proceso tiene un plazo de prescripción fijado para octubre de 2025.

Cabe recordar que, esta no es la primera vez que la defensa de Uribe impugna aspectos del proceso. Previamente, el abogado Granados presentó una acción de tutela contra la jueza que lleva el caso, argumentando que la magistrada había actuado de manera parcializada. En su escrito, Granados denunció que la jueza había descalificado constantemente a la defensa, priorizando la celeridad del proceso sobre las garantías del acusado y rechazando pruebas clave para la defensa.

“Comparezco ante la Honorable Sala a efectos de interponer acción de tutela con solicitud de medidas provisionales en contra del Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, esto por la violación de los derechos fundamentales del debido proceso y el acceso a la administración de Justicia”, indicó el abogado en su escrito de tutela.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá negó la acción, lo que fue celebrado por el abogado de las víctimas, Juan David León, que representa al exfiscal Eduardo Montealegre y a otros exfuncionarios del Gobierno de Uribe. León aseguró que la decisión de la jueza Sandra Liliana Heredia había sido conforme a la ley, sin vulnerar los derechos de las partes involucradas.

El caso de Uribe continúa generando una gran expectación y tensión tanto a nivel judicial como político. La defensa del expresidente, que sostiene su total inocencia, ha recurrido a varias estrategias legales para frenar lo que considera una persecución judicial; mientras su cliente enfrenta acusaciones de haber intentado manipular a testigos para alterar el curso de la investigación en su contra.