
El incremento en las tarifas del servicio de gas, anunciado por Vanti el 5 de febrero y seguido por EPM y otras prestadoras del servicio en distintas regiones del país, es la primera consecuencia directa sobre los consumidores derivada de la crisis que atraviesa el sector, debido a riesgos en el abastecimiento. No obstante, esta no es la primera alerta que se genera al respecto.
Así lo alertó la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) por medio de su más reciente comentario económico semanal. En este se detalló que, desde hace varios años, se advirtió sobre la disminución de las reservas probadas de petróleo y gas, mientras que la demanda se mantiene estable. En el informe, la entidad precisó que, en mayo de 2024, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) publicó un documento sobre el estado de las reservas de hidrocarburos, en el que se evidenció una reducción del 17,75% en las reservas probadas de gas entre 2022 y 2023, que pasaron de 7,2 años a 6,1 años, con lo que mantienen una tendencia decreciente desde 2017.
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A esta situación, agregó el centro de pensamiento que preside José Ignacio López, se suma un factor clave: la falta de exploración y perforación de nuevas fuentes de gas en el país. Por eso, expuso que la reducción de las reservas no es un fenómeno repentino, sino el resultado de decisiones y omisiones en materia de política energética.

“En los últimos años se ha reducido la inversión en exploración y se han limitado los incentivos para la perforación de nuevos pozos, lo que ha llevado a que la oferta local de gas no logre responder a la creciente demanda. Este déficit estructural ha derivado en la necesidad de buscar fuentes externas de suministro, con las implicaciones económicas que ello conlleva”, puntualizó.
Imposibilidad de cubrir la demanda
Remarcó que el Gestor del Mercado de Gas Natural de la Bolsa Mercantil de Colombia también advirtió sobre esta situación. Y es que, en el análisis de disponibilidad para 2025, publicado en octubre de 2024, señaló la imposibilidad de cubrir la demanda interna con producción propia. El informe reportó faltantes de contratación con firmeza de 36.105 millones de unidades térmicas británicas (MBTUD), lo que significa que el 4% de la demanda nacional de gas para 2025 no contaba con cobertura.
Frente a este panorama, enfatizó en que la importación del hidrocarburo era inevitable: “Si bien Colombia ha importado gas desde 2016, esta es la primera vez en 45 años que se realizan importaciones de gas natural licuado específicamente para suplir el consumo interno. Se observa que el déficit de producción (PTDVF) es y será compensado parcialmente por importaciones (CIDVF) en el horizonte cercano”.

Así, producto de las importaciones, explicó que empresas como Vanti y EPM ajustaron las tarifas debido a los mayores costos asociados a la compra de gas en mercados internacionales y al aumento en los costos de transporte dentro del país.
Insistió que, a todo esto, vale la pena mencionar que, durante las últimas décadas, la expansión del acceso al gas natural permitió mejorar la calidad de vida de millones de familias, en especial las de menores ingresos, al brindar una fuente de energía al gas licuado de petróleo (GLP) o la leña. Apuntó que la crisis actual pone en riesgo estos avances, ya que el aumento en las tarifas puede dificultar el acceso a este recurso esencial para los sectores más vulnerables.
“El impacto no se limita al consumo residencial, sino que también afecta al tejido productivo del país. Sectores que tienen el gas como insumo clave, tales como el manufacturero, el agroindustrial y el energético, enfrentan ahora mayores costos de producción, lo que puede comprometer su operación e incluso aumentar el precio de sus consumidores finales”, advirtió.

Estabilidad de precios está comprometida
Según la Anif, esto genera un efecto en cadena que compromete la estabilidad de precios en un momento en el cual el país lucha para reducir su tasa de inflación.
Así las cosas, para la asociación es imperativo que el país no solo reaccione con medidas paliativas como la importación, sino que adopte decisiones estructurales para garantizar la seguridad energética a largo plazo. Finalizó al decir que “si no se toman medidas oportunas en términos de exploración, desarrollo de nuevas fuentes y optimización del mercado del gas, el problema podría intensificarse en los próximos años con consecuencias aún más profundas para la economía y la sociedad en su conjunto”.
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