Cancillería pidió la renuncia de embajador de Colombia acusado de violencia intrafamiliar

El embajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí, se encuentra en el centro de una polémica tras la denuncia de su expareja, Beatriz Josefina Niño, quien lo acusó de presunta violencia intrafamiliar, fraude procesal y de retener a sus dos hijos en Ghana.

La denuncia, que salió a la luz el 15 de febrero, ha desatado un intenso debate público sobre las graves acusaciones contra el diplomático.

Ante la noticia por el violencia intrafamiliar, la Cancillería solicitó la renuncia de Garcés Carabalí, que se ve envuelto en un escándalo personal de presunta violencia intrafamiliar que ha trascendido en los medios.

Fuentes oficiales confirmaron a Colprensa que la solicitud fue formalizada la semana pasada, y se anticipa que el diplomático deje su puesto.

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El abogado Felipe Álzate, que representa a Beatriz Josefina Niño en el caso, destacó que la demanda ante las autoridades judiciales surgió debido a la “violencia vicaria y psicológica” que ha padecido su clienta durante los últimos años.

Según la defensa, las agresiones no solo se limitaron a insultos verbales y tratos humillantes, sino que también incluyeron restricciones a la comunicación entre los menores y su madre, lo que, según Álzate, buscaba crear una distancia emocional entre ellos.

La denuncia también señala que el embajador habría influido en los menores al asegurarles que su madre y su familia les habían hecho “brujería”. Esta acusación, según los denunciantes, habría sido un factor clave en el aislamiento progresivo de los niños de su madre, exacerbando el distanciamiento familiar.

“No solo ha tenido que soportar aparentes agresiones físicas, verbales e incluso tratos humillantes y degradantes, sino que también ha visto como el señor Daniel Garcés Carabalí busca afectarla directamente, a través del alejamiento de sus hijos y la manipulación de estos”, comentó la defensa con respecto a este caso.

A mediados de febrero en respuesta a las acusaciones, Daniel Garcés Carabalí emitió un comunicado, el cual compartió con revista Semana en el que defendió sus acciones, asegurando que las medidas adoptadas están dentro del marco legal y en cumplimiento de una medida de protección provisional dictada por un Comisario de Familia en Colombia.

Según el embajador, dicha medida fue establecida para salvaguardar tanto a sus hijos como a él mismo de posibles actos de violencia por parte de Beatriz Josefina Niño. Además, Garcés subrayó que las decisiones tomadas han sido alineadas con la voluntad de los menores, quienes, según él, aún no están en condiciones de regresar a Colombia.

“El 21 de enero de 2025, un Comisario de Familia de la República de Colombia profirió una Medida de Protección Provisional a favor de mis hijos y de mí, en contra de la señora Beatriz Josefina Niño Enrada, para que mi expareja cesara de manera inmediata todo acto de violencia contra mis hijos y contra mí”, explicó el embajador sobre la decisión.

A raíz de las acusaciones, la Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra el embajador, en la que se examinan tanto la presunta retención de sus hijos en Ghana como los posibles actos de violencia hacia su expareja. La investigación busca esclarecer los hechos y determinar si se cometieron faltas que ameriten sanciones.

El Ministerio Público indicó que el embajador habría incumplido un acuerdo que comprometía la facilitación del regreso de sus hijos a Colombia a finales de enero. En este contexto, la Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa destacó que, siguiendo el enfoque diferencial con perspectiva de género y en cumplimiento de los derechos de las mujeres establecidos en la Constitución, la expareja del diplomático fue reconocida como víctima dentro de la investigación.

La Procuraduría destacó que los tratados internacionales firmados por Colombia aseguran los derechos fundamentales de las mujeres, incluyendo la protección contra tratos crueles y degradantes, la garantía de igualdad real y efectiva, así como el derecho a la seguridad personal. Estos principios, según la entidad, deben ser respetados en todos los casos que impliquen violencia o discriminación hacia las mujeres.