La Fiscalía General de la Nación formalizó acusaciones contra cinco personas vinculadas a un entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Entre los acusados figuran Olmedo López, exdirector de la entidad, y Sneyder Pinilla, exsubdirector, que habrían liderado una serie de irregularidades para beneficiar a contratistas específicos. Según informó la Fiscalía, los delitos están relacionados con la malversación de recursos destinados a la atención de emergencias y el suministro de agua potable en comunidades vulnerables.
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De acuerdo con el ente investigador, los acusados enfrentan cargos por interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
Además, Luis Carlos Barreto, exdirector de Conocimiento de la Ungrd, también fue imputado por el delito de concierto para delinquir agravado. Los otros implicados son Pedro Andrés Rodríguez Melo, exasesor de la entidad, y Luis Eduardo López Rosero, contratista que habría recibido beneficios directos de los contratos amañados.
El caso, según detalló la Fiscalía, involucra la malversación de 46.800 millones de pesos destinados a la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a comunidades indígenas en el departamento de La Guajira, una de las regiones más afectadas por la sequía en el país. Los contratos, según las investigaciones, no cumplían con los requisitos técnicos ni legales, lo que resultó en la pérdida de los recursos.
En un comunicado, la Fiscalía explicó que Olmedo López y Sneyder Pinilla habrían direccionado seis órdenes de proveeduría para adjudicarlas a empresas vinculadas al contratista Luis Eduardo López Rosero.
Estas órdenes incluían no solo la adquisición de los carrotanques, sino también el suministro de materiales para atender emergencias en los departamentos de Nariño, Chocó y Cauca. Además, se identificaron contratos adicionales para la compra de 20 carrotanques por 27.000 millones de pesos y 20 camiones tipo bombero por 31.000 millones de pesos.
Otro de los hechos ilícitos señalados por la Fiscalía está relacionado con un contrato de alquiler de carrotanques por 24.000 millones de pesos, el cual habría sido suscrito con personas cercanas a Pinilla. Asimismo, se detectaron contratos amañados con empresas para cubrir otras actividades y servicios de entidades estatales, utilizando recursos desviados de un convenio entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
El exasesor Pedro Andrés Rodríguez Melo también jugó un papel clave en el esquema de corrupción, según la Fiscalía. Rodríguez habría proporcionado información privilegiada al contratista López Rosero con tres meses de anticipación, facilitando así la adjudicación de los contratos.
Por su parte, Luis Carlos Barreto, además de estar implicado en el direccionamiento de contratos, habría gestionado la reducción de 100.000 millones de pesos de un convenio entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo y la ANT, lo que permitió redirigir esos recursos hacia actividades ilícitas.
Según informó la Fiscalía, “por disposición del juez cuarto penal especializado del circuito de Bogotá, las audiencias preparatorias de juicio se realizarán el 3 y 23 abril, y el 7 de mayo del año en curso”. Además, el ente acusador indicó que los acusados ya habían llegado a preacuerdos de colaboración con la justicia en julio de 2023, lo que podría derivar en beneficios penales a cambio de información sobre el caso.
En paralelo, la Fiscalía también anunció que el próximo 6 de marzo se formalizarán las acusaciones contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, que está siendo investigada por lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. Ortiz fue señalada por Sneyder Pinilla, que declaró que ella habría actuado como intermediaria para entregar 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name.
Ortiz, que se encuentra en prisión preventiva desde diciembre de 2024, negó las acusaciones y afirmó en una entrevista con Noticias Caracol que el principal testigo del caso fue asesinado. La Fiscalía sostiene que Ortiz aún tiene la posibilidad de llegar a un acuerdo con la justicia antes de la fecha de su audiencia.
El caso de corrupción en la Ungrd generó un fuerte impacto en Colombia, no solo por la magnitud de los recursos desviados, sino también por la implicación de altos funcionarios y contratistas en un esquema que afectó directamente a comunidades vulnerables. La entidad, creada para gestionar emergencias y desastres, enfrenta ahora un severo cuestionamiento sobre la transparencia en el manejo de sus recursos.
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