Gobierno ordenó el cierre de 48 estaciones de gasolina por sospechas de que el narcotráfico las usaba para producir base de coca

A través de la resolución 00152 de 2025, el Ministerio de Minas y Energía dispuso el cierre temporal de 48 estaciones de servicio en Norte de Santander. La decisión, respaldada en un decreto del estado de conmoción interior, busca frenar actividades ilegales en el Catatumbo.

Dicha decisión se tomó a raíz de un informe del Ministerio de Defensa alertó sobre posibles irregularidades en el manejo del combustible en varias estaciones de servicio, señalando inconsistencias entre la ubicación registrada y su localización real en el terreno.

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Según la Resolución N° 152 del 17 de febrero de 2025, la medida se sustenta en el Estado de Conmoción Interior declarado por la crisis en el Catatumbo. En particular, se ampara en el Decreto N° 132 del 5 de febrero de 2025 del Ministerio de Minas, que autoriza el cierre temporal de estaciones de servicio, y en el informe “Plan de control de hidrocarburos destinados a economías ilícitas” del Ministerio de Defensa.

Las estaciones de servicio afectadas por la medida están distribuidas en municipios como Cúcuta, Tibú, Toledo, Villa del Rosario, Teorama, Ocaña, Los Patios, San Calixto, San Cayetano, El Zulia, Hacarí, Ábrego, Convención y Durania.

De los cierres que hizo el Gobierno nacional en 48 estaciones de gasolina 28 de estas están en la región del Catatumbo.

Un informe del Ministerio de Defensa expuso anomalías en el manejo del combustible en varias estaciones de servicio, lo que generó sospechas sobre su presunta vinculación con actividades ilícitas.

Según el diario La Opinión, un análisis realizado el año pasado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana identificó inconsistencias en la georreferenciación de varias estaciones de servicio. La resolución señaló que la investigación se basó en la comparación de registros oficiales de ubicación con información obtenida a través de imágenes satelitales, vuelos de reconocimiento y bases de datos sobre infraestructura vial y comercial.

El informe reveló que las 48 estaciones de servicio presentan inconsistencias entre la ubicación registrada y su posición real. Estas discrepancias, según el documento, dificultan la verificación de su operatividad en los sitios declarados y, en el contexto de la investigación, podrían representar un riesgo de desvío de combustible hacia actividades ilegales.

De acuerdo con la resolución, la medida de suspensión seguirá en efecto hasta que las estaciones de servicio demuestren oficialmente su ubicación. Para ello, deberán entregar al Ministerio de Minas y Energía documentación que incluya un certificado catastral con la dirección del predio, el número de matrícula inmobiliaria y las coordenadas geográficas, entre otros requisitos.

“La suspensión se mantendrá vigente hasta que la gente minorista acredite de manera formal su ubicación geográfica y para ello deberá presentar ante esta cartera certificado catastral que evidencie la dirección del inmueble, el número de matrícula inmobiliaria y sus coordenadas geográficas, junto con registros fotográficos que incluya fecha y coordenadas visibles, así como el certificado de tradición y libertad del inmueble”, dice el documento del Ministerio de Minas.

Con respecto a esta medida, el representante a la Cámara Diógenes, de la curul de Paz del Catatumbo, Norte de Santander, por medio de su cuenta de X criticó la decisión tomada por el Gobierno liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego y dijo que esta era “injustificada”.

“Advertimos en su momento que el ministerio de minas y energía con la excusa de la conmoción interior iba a suspender estaciones de servicio en nuestro Departamento Norte de Santander. #Hoy suspende 48 estaciones de servicio, sin duda una medida injustificada y muy generalizada que va a causar desabastecimiento. Esto es lo que literalmente llaman gobernar desde las frías oficinas de Bogotá. @laopinion_col @FranciscoUnda @jhonjacome @CSelPeriodista @YamidRodriguezM “, escribió en su cuenta de X el congresista perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

El Gobierno Nacional implementó estas medidas como parte de su estrategia para frenar las actividades ilegales en la región y fortalecer los controles existentes.