
A través de su cuenta de X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a los hechos registrados el 17 de febrero en El Plateado, Cauca, donde disidentes de las Farc arremetieron contra el hospital de segundo nivel allí instalado.
El ataque, repudiado desde diferentes orillas políticas, fue criticado por el presidente como un acto de intimidación por parte del Estado Mayor Central (disidencia de las Farc), a quienes se refirió como “traquetos”, para tener poder en la zona.
“Los traquetos del EMC del Cauca no quieren salud para el pueblo del Micay. Atacaron con drones un hospital, lo cual constituye una violación al DIH. Son crímenes contra la población civil que deben ser juzgados”, escribió Petro.
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Momentos de pánico por cuenta del ataque terrorista
Un ataque con drones cargados de explosivos sacudió el corregimiento de El Plateado, en el municipio de Argelia, Cauca, afectando directamente un hospital de campaña en construcción. Según informes del Ejército Nacional, la acción sería responsabilidad del grupo armado residual Carlos Patiño y constituye una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH), al poner en peligro la vida de la población civil.
El hospital de campaña había sido instalado como parte de una estrategia gubernamental para mejorar el acceso a servicios de salud en una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado. Su entrega fue anunciada recientemente por el presidente Gustavo Petro, en el marco de un compromiso adquirido en octubre de 2024 para fortalecer la infraestructura sanitaria en el suroccidente del país. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) se encargó de su provisión y tenía previsto operar con el respaldo de la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras.
Ante la emergencia, unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 4 se desplazaron al lugar para realizar labores de verificación y remoción de posibles artefactos explosivos sin detonar. Equipos especializados en explosivos y demoliciones (EXDE) trabajan en la zona con el objetivo de garantizar la seguridad de los habitantes y el personal militar desplegado.

El ataque se produce en un contexto de creciente tensión en la región, donde diferentes actores armados se disputan el control de las rentas ilegales derivadas del narcotráfico y otras economías ilícitas. La violencia ha tenido un impacto significativo en las comunidades locales, que han sido víctimas de desplazamientos forzados, ataques indiscriminados y restricciones en el acceso a servicios básicos.
El hospital de campaña estaba diseñado para brindar atención médica de segundo nivel, con capacidad inicial para 40 pacientes y posibilidad de expansión. Contaba con un quirófano, consulta externa y hospitalización, además de servicios de urgencias, pediatría, ginecología y medicina general. Su funcionamiento era una medida temporal mientras se avanza en la construcción de un hospital permanente con una inversión de $22.000 millones, cuyo proceso de selección está en curso.

Desde el Ministerio de Salud, su titular Guillermo Alfonso Jaramillo condenó enérgicamente el ataque, señalando que se trata de un crimen de guerra y una violación flagrante del DIH. “No hay justificación alguna para poner en riesgo la vida de los profesionales de la salud ni de los habitantes de la región”, enfatizó el ministro, reiterando el compromiso del Gobierno con la mejora de la infraestructura sanitaria en zonas históricamente afectadas por la violencia.
El Ejército Nacional, por su parte, reafirmó su compromiso con la protección de la población civil y la aplicación de las normas internacionales en el desarrollo del conflicto. Se espera que en las próximas horas se emita un balance más detallado sobre las consecuencias del ataque y las acciones que se adoptarán para mitigar su impacto en la comunidad.
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