En el río San Juan, una de las principales vías fluviales del departamento del Chocó, un obstáculo aparentemente menor se ha convertido en un problema de gran magnitud: una manguera de acueducto impide el paso de las embarcaciones de la Armada Nacional, dejando una extensa región bajo el control de grupos armados ilegales.
A pesar de que la situación ha sido advertida desde hace años, ni las administraciones locales ni el Gobierno nacional han logrado dar una solución.
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De acuerdo con Blu Radio, la obstrucción se encuentra en el corregimiento de Puerto Murillo, donde una tubería del acueducto local atraviesa el río, impidiendo el ingreso de patrulleras de la Armada.
Este impedimento ha limitado la capacidad de la Fuerza Pública para operar en la región, permitiendo que grupos armados ilegales, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, consoliden su dominio en municipios como Sipí, Litoral del San Juan, Istmina y Medio San Juan, afectando a los habitantes de la zona.
La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, ha denunciado la falta de acción estatal frente a la problemática.
“Hay un acueducto veredal en un corregimiento, se llama Puerto Murillo, en donde hay una manguera (...) que en teoría evita que un buque de la armada pueda hacer presencia directa en esta zona. Lo que ha hecho que necesariamente las operaciones las haga el Ejército que tiene capacidades terrestres. Hemos, incluso, dispuesto la compra de unos motores, pero por ahora la respuesta ha sido ninguna entornos a la realidad”, manifestó en entrevista con Red+ Noticias.
La imposibilidad de acceso de la Armada ha generado una situación de vulnerabilidad para la población local, ya que los grupos ilegales en la zona han intensificado la violencia en esa región y la seguridad para la población se ve afectada por el inacceso por esta importante vía fluvial.
A pesar de que el problema ha sido identificado hace años, la solución no ha llegado. En 2023, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra el exalcalde de Medio San Juan José Oliver Moreno por omisión en la reubicación de la tubería, pero hasta la fecha no se han tomado medidas concretas.
Las autoridades locales han expresado que no tienen la capacidad ni las garantías de seguridad para intervenir, ya que modificar la estructura significaría un riesgo vital para quien lo intente.
Las consecuencias son graves. La gobernadora del Chocó señaló que los controles en el río no los ejerce la Fuerza Pública, sino los grupos armados ilegales:
“Quien están en el río haciendo los peajes, los retenes, reteniendo a la gente (y) bajando a las personas de las lanchas para pedirles cuentas, no es la fuerza pública, es el ELN, luego el Clan del Golfo, luego el ELN y luego el Clan del Golfo”. afirmó la gobernadora según la revista Semana.
De acuerdo con Semana, informes de inteligencia militar revelan que el ELN ha presionado a la población civil para evitar cualquier intento de retirar la tubería. De hacerlo, su dominio territorial se vería amenazado, al igual que sus actividades ilegales, incluyendo el tráfico de cocaína y la minería ilícita.
La Gobernación propone que ingenieros militares se encarguen de la tarea para restablecer el control estatal. “Lo que hemos dicho: hagámoslo a través de ingenieros militares, que es una de las capacidades que tiene la Nación. Dijeron en estos días que ya habían ido, no es cierto”, aseguró Córdoba.
Mientras las autoridades debaten sobre cómo intervenir, los habitantes de los corregimientos siguen viviendo en una situación de incertidumbre. La falta de garantías de seguridad y la ausencia de una respuesta efectiva han convertido a esta zona en un territorio de nadie, donde el control lo ejercen los grupos ilegales y la población queda atrapada en medio del conflicto.
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