
Un posible brote de tuberculosis en el Centro de Detención Transitoria de Puente Aranda encendió las alarmas de la Contraloría, que decidió enviar un requerimiento al secretario distrital de Salud, Gerson Bermont Galavis. La advertencia surgió tras una inspección realizada el 11 de febrero, en la que se evaluaron las condiciones y la prestación de servicios de salud a las personas privadas de la libertad (PPL).
Durante la visita, los funcionarios evidenciaron que el centro operaba muy por encima de su capacidad, con 886 personas recluidas a pesar de estar diseñado para un máximo de 452 internos. “Cabe resaltar que este es el Centro de Detención Transitorio con mayor número de personas en la capital, el único de mujeres y el de mayor gestión del país”, indicaron en el informe.
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Asimismo, se alertó sobre el riesgo sanitario, pues se detectaron fallas en la aplicación de protocolos médicos. “El equipo de la Contraloría General pudo percatarse, durante su visita, de que no se estaban aplicando protocolos ni de atención médica preferente, como tampoco de control masivo que propenda por evitar la eventual propagación de este brote”, señaló el organismo de control.
La Contraloría estableció un plazo de tres días para que la Secretaría Distrital de Salud responda a su requerimiento, según lo informó en un comunicado. La solicitud se fundamentó en el riesgo de salud pública detectado en el Centro de Detención Transitoria de Puente Aranda, donde se evidenció la presencia de pacientes con tuberculosis que no estaban siendo aislados del resto de la población privada de la libertad.
Ante esta situación, la Contraloría exigió información detallada sobre las estrategias de verificación, prevención, atención y control implementadas para contener la propagación de la enfermedad. “Esto con el fin de rendir reporte de cumplimiento a la Corte Constitucional, en procura de contribuir a la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad”, indicó la entidad.

Además, en su pronunciamiento, recordó que la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales en el Sistema Penitenciario y Carcelario, así como en los Centros de Detención Transitoria del país.
“A partir de lo hasta acá expuesto, en virtud de lo ordenado en los fallos constitucionales, y sobre la base de la declaración del Estado de Cosas Inconstitucionales del Sistema Penitenciario y Carcelario y de los Centros de Detención Transitoria del país, este órgano de control acude a la Secretaría para requerirle información sobre las políticas de racionamiento de agua a los Centros de Detención Transitoria, teniendo en cuenta la declaratoria de la vulneración sistemática de los derechos fundamentales y de crisis humanitaria al interior de estos Centros, realizada por la Corte Constitucional”, enfatizaron.
En respuesta al llamado de atención, la Secretaría Distrital de Salud aseguró que mantiene una vigilancia constante en los centros penitenciarios, carcelarios y Unidades de Reacción Inmediata (URI) de Bogotá, con el objetivo de identificar personas con síntomas respiratorios. Asimismo, afirmó que, tras sus inspecciones, no se detecta ningún indicio de brote de tuberculosis en la URI de Puente Aranda.

Sin embargo, informó que actualmente tres personas en el establecimiento reciben tratamiento para la enfermedad. Estas ingresaron con un diagnóstico previo y sin conexión epidemiológica entre sí, lo que descartó la posibilidad de un contagio dentro del lugar.
Durante febrero, la entidad llevó a cabo dos visitas a la URI, en las cuales realizó actividades de sensibilización sobre la tuberculosis, explicando aspectos como su definición, formas de transmisión, síntomas y tratamiento. Además, destacó que esta enfermedad suele estar vinculada a condiciones de vulnerabilidad, entre ellas el hacinamiento, el consumo de sustancias psicoactivas, el alcoholismo, el VIH y la desnutrición.
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