Procuraduría cita a audiencia de conciliación por el caso de chuzadas ilegales a exempleada de Laura Sarabia

El caso de las interceptaciones ilegales a Fabiola Perea, exempleada doméstica de Laura Sarabia, sigue generando polémica y se acerca a una posible resolución. La Procuraduría General de la Nación convocó una audiencia de conciliación para el 31 de marzo con el fin de discutir la indemnización millonaria que Perea exige por los daños sufridos tras haber sido señalada erróneamente como una cabecilla del Clan del Golfo.

El documento oficial de la Procuraduría cita a los representantes del Departamento Administrativo de la Presidencia, la Fiscalía y la Policía, entidades demandadas en este proceso. La demanda de Perea busca no solo una compensación económica superior a los 640 millones de pesos, también el reconocimiento del daño causado por estas acciones ilegales.

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El caso tiene su origen en los señalamientos de Laura Sarabia, que en su momento atribuyó a Perea el hurto de dinero en su residencia. Como consecuencia de estas acusaciones, se llevaron a cabo interceptaciones ilegales de sus comunicaciones, vulnerando sus derechos fundamentales.

Boris Andrés Lombana, abogado de Fabiola Perea, explicó el propósito de la audiencia de conciliación: “Esta solicitud de conciliación extrajudicial busca el resarcimiento de los perjuicios que le fueran causados a este núcleo familiar con ocasión de los señalamientos realizados por la doctora Laura Sarabia en su momento al atribuírsele la sustracción de recursos propios de su sitio de residencia”.

El caso generó un amplio debate sobre el abuso de poder y las prácticas irregulares en el manejo de la seguridad e inteligencia estatal. La audiencia de conciliación podría representar un paso clave en la búsqueda de justicia para Perea y sentar un precedente en casos similares de violación de derechos civiles y uso indebido de recursos del Estado.

A medida que se acerca la fecha de la audiencia, la expectativa crece sobre el desenlace de este proceso y las posibles implicaciones legales y políticas que pueda traer consigo. Se espera que las entidades involucradas presenten sus argumentos y se evalúe la viabilidad de llegar a un acuerdo sin necesidad de un proceso judicial prolongado. Entretanto, la opinión pública sigue de cerca este caso, que pone en el centro del debate la protección de los derechos individuales frente a posibles excesos por parte de las autoridades.

Lo que se sabe del caso

La interceptación ilegal del teléfono de Fabiola Perea fue una acción premeditada dentro de una investigación en la que su número fue vinculado falsamente a alias La Madrina, una persona de confianza de Siopas, uno de los principales jefes del Clan del Golfo. Esta maniobra tenía como objetivo registrar sus comunicaciones para determinar si tenía información sobre la pérdida de un maletín en el apartamento de Laura Sarabia, en el norte de Bogotá.

Gracias a esta estrategia, agentes de la Policía lograron que un fiscal del Chocó aprobara la interceptación, lo que permitió la recolección de conversaciones privadas entre Perea, su familia y amigos. Aunque posteriormente se descubrió que su línea no tenía ninguna relación con la investigación en curso y se ordenó suspender la intervención, el daño ya estaba hecho, afectando su derecho a la intimidad, su honra y su buen nombre.

La defensa de Perea exige una indemnización económica y una disculpa pública por parte de quienes participaron en la interceptación ilegal. Entre las personas mencionadas en la solicitud se encuentra la actual Canciller, Laura Sarabia, en su calidad de exempleadora de Perea.

“(...) a título de reparación pecuniaria o medida restaurativa, se obligue a las entidades convocadas, a que realicen un acto público de disculpas y desagravio a las víctimas de las interceptaciones ilegales por estos hechos, donde además se convoque a las personas implicadas directamente en este asunto, sean o no funcionarios públicos para ese momento”, señaló la demanda que fue admitida.

Como resultado de la investigación, en septiembre de 2024 fueron condenados el intendente de la Policía Alfonso Quinchanegua y la patrullera Dana Canizales. Ambos aceptaron su responsabilidad mediante un preacuerdo con la justicia, lo que confirmó su participación en las llamadas “chuzadas” y su rol en la interceptación ilegal del teléfono de Perea.