El general (r) Mauricio Santoyo Velasco, exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, está en la mira de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por su aparente falta de compromiso con la verdad.
A pesar de haber sido condenado en Estados Unidos por conspiración para apoyar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el exoficial ha evitado esclarecer los detalles de su colaboración con el paramilitarismo.
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Ahora, los magistrados de la JEP evalúan si ha incumplido con el régimen de condicionalidad, lo que podría acarrearle consecuencias legales.
La Sala de Reconocimiento de Verdad, en cabeza de los magistrados Óscar Parra y Gustavo Salazar, remitió pruebas a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que evidenciarían que Santoyo no ha entregado una verdad plena y detallada sobre los hechos que lo vinculan con las AUC.
De acuerdo con los magistrados, el general retirado ha limitado su versión de los hechos a una estrategia de defensa sin aportar información que permita esclarecer crímenes de lesa humanidad, como la desaparición de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes).
Este no es el único frente de cuestionamientos que enfrenta Santoyo. Según la JEP, su testimonio ha sido insuficiente en lo que respecta a la creación y operación de los bloques paramilitares Cacique Nutibara y Metro, estructuras armadas que operaron en Antioquia y que, según testimonios en la justicia ordinaria, tuvieron nexos con el exgeneral.
Sin embargo, Santoyo ha negado cualquier relación con estas organizaciones, a pesar de la existencia de pruebas que documentan su presunta participación en actividades ilegales.
Además, la JEP ha señalado que Santoyo no ha esclarecido su posible relación con bandas criminales como La Terraza y La Oficina, que operan en Envigado. Estas estructuras han sido vinculadas con el exgeneral en diversas investigaciones judiciales, en las que se señala que utilizó recursos de inteligencia estatal para favorecerlas.
La falta de colaboración de Santoyo ha sido calificada por la JEP como un obstáculo para el esclarecimiento de la verdad dentro del proceso de justicia transicional.
El caso de Santoyo hace parte del macrocaso 08 de la JEP, específicamente en el subcaso Antioquia, que investiga la relación entre agentes del Estado y grupos paramilitares durante el conflicto armado.
Según la justicia especial, en marzo de 2024 Santoyo entregó información sobre su accionar, pero un análisis comparativo con los aportes presentados en diciembre del mismo año evidenció contradicciones e inconsistencias en su relato.
En su defensa, Santoyo ha argumentado que no tuvo injerencia en los hechos que se le atribuyen y ha negado los testimonios que lo vinculan con el paramilitarismo.
En su más reciente intervención ante la JEP, aseguró que cuando ocurrieron las desapariciones de Monsalve y Quintero ya no estaba al mando del Gaula de Medellín, la unidad de la Policía encargada de combatir el secuestro y la extorsión.
También ha señalado que su papel en las interceptaciones telefónicas realizadas por el Gaula se limitó a facilitar el acceso a la sala de grabaciones, sin tener conocimiento directo de las investigaciones que allí se llevaban a cabo.
Sin embargo, estos argumentos no han convencido a los magistrados de la JEP. La justicia transicional considera que su relato ha sido evasivo y que no ha proporcionado información relevante para esclarecer el papel de agentes estatales en el fortalecimiento del paramilitarismo en Medellín y otras regiones de Antioquia.
En un intento por desviar la atención de las acusaciones en su contra, Santoyo ha señalado a otros oficiales de la Policía Nacional que, según él, sí tuvieron nexos con los paramilitares. Esto hacía parte una estrategia para conseguir su libertad, la cual fue denegada.
En su testimonio ante la JEP, mencionó al teniente coronel Danilo González Gil, el mayor Byron Ordóñez Portilla, el capitán Edward García Arboleda y el sargento José Gerlein García Galeano como funcionarios que mantenían vínculos con las AUC.
También aseguró que el general (r) Óscar Naranjo, exdirector de la Dipol, le solicitó en 1998 el uso de la sala de grabaciones del Gaula para realizar labores de inteligencia en Medellín, operaciones que, según Santoyo, fueron ejecutadas por el teniente Edward García.
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