Niños en Colombia prefieren suicidarse para no ser reclutados por los grupos ilegales, aseguró la ministra de Justicia

En los últimos cuatro años, Colombia registró un incremento del 1.005% en los casos de reclutamiento infantil, pasando de 37 casos en 2021 a 409 en 2024, según cifras de la Defensoría del Pueblo.

Este fenómeno, que afecta principalmente a las zonas rurales del país, alcanzó niveles críticos en regiones como el Chocó, donde menores de edad estarían optando por el suicidio como una forma de escapar de las presiones de los grupos armados ilegales.

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Ante este panorama, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, advirtió sobre la gravedad de la situación y la necesidad urgente de implementar medidas efectivas para proteger a los niños y niñas en estas áreas vulnerables.

De acuerdo con declaraciones de la jefe de la cartera de Justicia a Noticias RCN, el problema del reclutamiento infantil se ha intensificado en zonas rurales, especialmente en el Chocó, donde las comunidades enfrentan el impacto directo del conflicto armado.

“Se ha exacerbado el tema del reclutamiento en algunas zonas; Chocó, por ejemplo, es un tema en donde nos preocupa muchísimo, hemos conocido hechos que llevan a los niños a que se suiciden con tal de no ser reclutados”, dijo la ministra de Justicia en entrevista con Noticias RCN, resaltando la desesperación de que se enfrentan los menores en estas circunstancias.

La falta de alternativas y la ausencia de políticas públicas adecuadas han dejado a las comunidades y familias como las únicas responsables de proteger a los menores, una carga que resulta insostenible en muchos casos.

El impacto del conflicto armado en la salud mental de los niños y adolescentes ha sido señalado como un factor clave en esta crisis.

Según la Defensoría del Pueblo, los problemas de salud mental entre los menores se agravaron durante el confinamiento por la pandemia en 2020, y desde entonces las cifras no han mostrado signos de mejora. Las zonas más afectadas son aquellas donde el conflicto armado es más intenso y donde los programas de apoyo para los jóvenes son prácticamente inexistentes.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, destacó la necesidad de ofrecer alternativas que permitan a los menores proyectar un futuro lejos de la violencia. En una reunión con adolescentes y jóvenes del Cauca, estos expresan su frustración por la falta de apoyo a iniciativas deportivas y culturales.

“Tenemos deportistas que ganan medallas en Juegos Nacionales y tienen todo el futuro por delante, pero desafortunadamente deben inscribirse en otros departamentos para poder obtener apoyo”, señaló Marín, evidenciando la falta de inversión en programas que podrían alejar a los jóvenes de los riesgos del reclutamiento.

La Defensoría del Pueblo también alertó sobre un subregistro significativo en los casos de reclutamiento infantil, estimado en más del 30%. Esto significa que la cifra real de menores afectados podría ser considerablemente mayor a la reportada oficialmente.

Según Marín, la ausencia de una política pública integral dificulta el rescate y la protección de los niños y niñas en riesgo. “No se puede dejar toda la carga en la familia o en las comunidades, debe haber buenas políticas”, afirmó, haciendo un llamado al Estado para que asuma su responsabilidad en la protección de los derechos de los menores.

La falta de mecanismos efectivos para enfrentar las amenazas de reclutamiento es otro de los problemas señalados por la defensora. Actualmente, no existen suficientes recursos para garantizar que los menores puedan ser ubicados en lugares seguros sin que se vean obligados a abandonar la escuela oa enfrentarse a nuevas vulneraciones de sus derechos. Esta situación deja a los niños y niñas en un estado de vulnerabilidad extrema, expuestos tanto a los grupos armados como a las consecuencias de la desprotección estatal.

Así mismo, la senadora por el Centro Democrático, Paloma Valencia se refirió a este tema criticando las palabras de la ministra Buitrago diciendo que: “La ministra de Justicia denuncia que hay casos de niños que se estarían quitando la vida ante el temor de ser reclutados por los grupos armados. Hablan como si el gobierno no fuera ellos.”.

Las palabras de la senadora, evidencian esta crisis que hasta el momento no ha tenido una respuesta efectiva por parte del Gobierno debido a que las acciones del Estado han sido insuficientes para frenar esta problemática. La falta de recursos y de una estrategia coordinada entre las diferentes entidades gubernamentales ha limitado la capacidad de respuesta frente a esta crisis.

La crisis del reclutamiento infantil en Colombia exige una respuesta inmediata y coordinada por parte del Estado y de la sociedad en su conjunto. Las cifras alarmantes y los testimonios de los menores afectados son un recordatorio de la urgencia de implementar políticas públicas que garanticen su protección y bienestar.

Mientras tanto, comunidades como las del Chocó y el Cauca continúan enfrentando los efectos devastadores del conflicto armado, con los niños y niñas como las principales víctimas de una guerra que parece no tener fin.