El ex precandidato presidencial Juan Manuel Galán no tardó en pronunciarse tras la decisión de la Fiscalía General de la Nación de levantar 23 órdenes de captura contra presuntos cabecillas de bandas criminales del Valle de Aburrá (Antioquia).
En su cuenta en la red social, el también exsenador y hermano del alcalde de Bogotá (Carlos Fernando Galán) y líder del Nuevo Liberalismo advirtió: “El país ya se dio cuenta: suspender órdenes de captura a criminales solo trae más inseguridad, más violencia, más secuestros y más asesinatos. Ese no es el mensaje que Colombia necesita“.
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“No más negociaciones con bandidos. La respuesta es clara: autoridad e inteligencia financiera para golpear sus estructuras. ¿Así es como pretenden ganar las elecciones? Dándole vía libre a cabecillas criminales”, añadió en su post el líder político, que hizo parte de llamada Gran Consulta por Colombia.
Además, el líder recordó que en marzo de 2026, la fiscal General, Luz Adriana Camargo, confirmó que las disidencias lideradas por alias Calarcá, comandante de Estado Mayor Central (EMC), lograron infiltrarse en instituciones clave de seguridad e inteligencia en Colombia; al emplear funcionarios comprometidos y empresas fachada para proteger sus operaciones, acceder a información estratégica y anticiparse a operativos.
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“Hace apenas días, la fiscal Luz Adriana Camargo alertó sobre la infiltración de las disidencias de Calarcá en la institucionalidad. Con esa información, y con el país enfrentando cifras críticas de inseguridad, hoy deciden suspender capturas y bajar la presión. Pésimo mensaje”, escribió Juan Manuel Galán.
El político concluyó su crítica al señalar que: “El Gobierno de @petrogustavo y la @FiscaliaCol están mirando para otro lado, mientras los colombianos quedan a merced de los delincuentes (sic)”.
Liberación de cabecillas del Valle de Aburrá en ‘La Paz de Itagüí’
La decisión de la Fiscalía permitió que siete de los implicados recuperaran la libertad. Todos ellos participaban en la mesa de exploración sociojurídica instalada en la cárcel La Paz de Itagüí, un proceso que busca abrir canales de diálogo entre el Estado y ciertas estructuras criminales del Valle de Aburrá.
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Entre los liberados están Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero; Albert Antonio Henao Acevedo, alias Alber; Andrés D’maría Oliveros Correa, alias Mundo Malo; Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente; Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias El Abogado; Fredy Alexánder Henao Arias, alias Naranjo, y Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica.
La suspensión de las órdenes de captura afecta también a otros 16 integrantes de estas organizaciones, incluidas figuras ligadas a la estructura conocida como La Oficina.
La medida se encuentra dentro de las acciones relacionadas con la fase de exploración, solicitada inicialmente por el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aunque la Fiscalía actuó de manera independiente.
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Este proceso de exploración sociojurídica se inició en 2023, con la participación del Gobierno nacional de Gustavo Petro y de las estructuras criminales del Valle de Aburrá. Se desarrolla dentro de la cárcel La Paz de Itagüí, aunque aún no cuenta con un marco jurídico aprobado por el Congreso de la República, lo que generó cuestionamientos sobre su legalidad y alcance.
La resolución de la Fiscalía llega meses después de la polémica por el llamado “tarimazo”, ocurrido el 20 de junio de 2025 en Medellín, cuando el presidente Gustavo Petro participó en un evento público en la plazoleta de La Alpujarra junto a varios cabecillas de estas organizaciones. Esa situación ya había generado alarma sobre los límites del diálogo con criminales y su impacto en la seguridad de la ciudadanía.
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Desde la Fiscalía, se explica que la medida responde a las necesidades del proceso de exploración, en el que se busca establecer mecanismos de negociación y seguimiento con ciertos miembros de estructuras criminales; sin embargo, críticos consideran que esta acción puede interpretarse como un retroceso en la lucha contra el crimen organizado y un riesgo para la tranquilidad de los ciudadanos.
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