La Procuraduría General de la Nación ha decidido formular cargos disciplinarios contra 16 funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), incluyendo al superintendente delegado para la Protección de la Competencia, Francisco Melo Rodríguez, por presuntas irregularidades en inspecciones administrativas realizadas en las sedes de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Según informó la Procuraduría, estas actuaciones habrían excedido las competencias legales de la SIC, vulnerando derechos fundamentales como la intimidad y el debido proceso.
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De acuerdo con el Ministerio Público, las inspecciones, llevadas a cabo en marzo de 2024, tenían como objetivo investigar posibles irregularidades en la contratación de pasaportes con el consorcio Thomas Greg & Sons, una empresa previamente vinculada a controversias en procesos contractuales.
Sin embargo, la Procuraduría señaló que durante estas visitas se habrían recolectado datos sensibles y confidenciales que no guardaban relación con el propósito inicial de la investigación, lo que podría constituir una extralimitación de funciones por parte de los funcionarios de la SIC.
Y es que la inspección realizada por la SIC en las instalaciones de la Registraduría Nacional generó tensiones desde el inicio. Según detalló la Procuraduría, los funcionarios de la Registraduría se negaron a proporcionar información requerida por la SIC, argumentando que esta entidad no tenía competencias sobre sus funciones. En respuesta, la SIC imputó cargos a los empleados de la Registraduría por desacato.
Sin embargo, la Procuraduría determinó que la actuación de la SIC presentó “presuntas irregularidades y vulneraciones al debido proceso, al derecho a la intimidad y a la reserva judicial”.
Entre los hallazgos más graves, se identificó que los funcionarios de la SIC habrían accedido a información sensible de la Dirección Nacional del Censo Electoral, vinculada a procesos electorales entre 2019 y 2024, sin relación alguna con la contratación de pasaportes, que era el objeto de la visita.
Además, el expediente de la Procuraduría señala que durante la inspección se habrían tomado imágenes forenses de correos electrónicos, computadoras y dispositivos móviles personales, incluyendo el teléfono del gerente de informática de la Registraduría, Alejandro Alberto Campo Valero, sin contar con una orden judicial. Según el documento, Campo Valero habría sido coaccionado para entregar acceso a su dispositivo bajo amenaza de sanciones.
“El requerimiento de acceso y toma de imágenes forenses a correos electrónicos, computadoras, equipos y dispositivos móviles personales, ajenos al objeto de la visita, incluyendo el teléfono móvil del servidor Alejandro Alberto Campo Valero, gerente de informática de la Registraduría Nacional del Estado Civil, sin la respectiva orden judicial, constituye una presunta violación de su derecho a la intimidad”, se lee en el documento.
La Procuraduría concluyó que estas acciones desnaturalizaron las funciones de la SIC y se desviaron del marco constitucional y legal que regula su actuación.
“Las visitas practicadas no reflejan la gestión institucional que está establecida para garantizar que la función pública se ejerza con sujeción a los cánones normativos y constitucionales”, puntualizó el ente de control.
Pero la polémica no se limitó a la Registraduría. Según consignó la Procuraduría, días después de la inspección en esta entidad, los funcionarios de la SIC realizaron una visita a las oficinas de la Cancillería, en el centro de Bogotá, con el propósito de recolectar evidencia sobre supuestas prácticas violatorias del régimen de competencia.
Durante esta diligencia, los funcionarios de la SIC habrían accedido a información confidencial de dispositivos personales e institucionales de empleados de la Cancillería, entre ellos la asesora de la directora de Asuntos Migratorios, Adriana del Pilar Guzmán Otálora, y la funcionaria María del Rosario Linares Bucheli.
Según el acta de la inspección, se extrajo información de correos electrónicos y computadoras que contenían datos sensibles no relacionados con el objeto de la investigación.
El Sindicato de Empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores (Semrex) expresó su preocupación por estas acciones, señalando que podrían comprometer la información sensible manejada por la Cancillería y vulnerar los derechos de los trabajadores.
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