Álvaro Uribe se reunió con generales retirados: asegura que busca crear una robusta estrategia de seguridad de cara a las elecciones del 2026

El expresidente aseguró que se debe crear un nuevo órgano, distinto a la JEP, que estudie los casos por posibles delitos cometidos por las Fuerzas Militares en medio del conflicto armado hasta 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz

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El exmandatario aseguró que las
El exmandatario aseguró que las Fuerzas Militares de Colombia están debilitadas por la JEP y el Gobierno nacional - crédito Colprensa

El expresidente y líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, sorprendió en la tarde de este jueves 13 de febrero, después de que diera a conocer la reunión que sostuvo con siete generales en retiro, con el propósito de fortalecer el proyecto político de su colectividad para el 2026.

Según informó el exmandatario en su cuenta de X, el objetivo del encuentro fue la planeación y creación de una nueva política de seguridad que regiría a partir de 2026, en caso de que alguno de los aspirantes presidenciales del Centro Democrático llegara a la Casa de Nariño.

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“Formar un general demora 30 años. Hemos perdido 1.500 años de formación con los generales que este Gobierno ha echado. (...) ¿De qué hablamos? De la angustia por la inseguridad de Colombia, por su futuro. Hemos hablado de la necesidad de que Colombia tenga para el año 2026 una gran política de seguridad”, comentó Uribe.

De hecho, el exmandatario aseguró que una de las estrategias para reforzar las instituciones de seguridad del Estado sería la reincorporación de los oficiales en retiro para aportar sus conocimientos y fortalecer los frentes militares, en un momento en el que enfrentan fuertes combates en varias regiones del país, como en el Catatumbo y la zona del Cauca.

Álvaro Uribe propuso una nueva política de seguridad para el 2026 que le de prioridad a las Fuerzas Militares de Colombia - crédito red social X

“Hoy hay una tremenda inseguridad jurídica. Por favor. Han tratado de politizar las fuerzas armadas que tienen que estar por encima de la Política. Con la ayuda de todos los generales que están en el retiro, se va a unir a las fuerzas armadas. Unir a todos los retirados, a todas las asociaciones de retirados, con los activos y definir una gran política de seguridad”, comentó el expresidente.

Incluso, Uribe aseguró que una de sus estrategias de seguridad sería la creación de un nuevo órgano de justicia especial, que se sobreponga a la Jurisdicción Especial para la Paz y analice de forma exclusive los casos que compromete a las Fuerzas Militares de Colombia en delitos de guerra durante el conflicto armado.

La JEP quiere acabar con el Ejército colombiano. Nosotros tenemos que decirlo claramente, sin miedo, sin tapujos: para devolverle la seguridad jurídica a nuestros soldados y policías hay que tener un órgano distinto a la JEP que, con imparcialidad, estudie cualquier denuncia, estudie los casos que hubieran podido comprometer a nuestros soldados y policías en delitos cometidos hasta el año 2016, cuando se firmó ese fallido acuerdo con Farc”, continuó el expresidente Uribe.

Además, la nueva justicia militar propuesta por el exmandatario incluiría la expresa decisión de no condenar por más de cinco años a los militares que sean hallados culpables por algún delito cometido en el contexto de la guerra antes del 1 de diciembre de 2016.

“Cuando hablamos de eliminar la JEP no estamos hablando impunidad, estamos diciendo que garantice justicia, pero también me atrevo a decir lo siguiente: para esos delitos cometidos hasta el 1 de diciembre de 2016, cuando se compruebe y se condene un militar, un soldado o un policía de la patria, la pena máxima debería ser de cinco años. Propongo que se discuta eso y que le digamos a Colombia ‘esta es la propuesta para fortalecer las Fuerzas Armadas y para garantizar la Colombia una seguridad integral en el año 2026′, cuando aspiramos tener un nuevo gobierno”, concluyó Álvaro Uribe Vélez.

Las palabras del expresidente se dan apenas dos días después de que el Tribunal Superior de Bogotá confirmara la suspensión temporal del juicio en su contra por los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Según el alto tribunal, primero se deberá resolver la tutela que interpuso la defensa del exmandatario contra la jueza del caso, pese al tiempo que le resta al proceso antes de que precluya.