Indígenas en la Amazonía desafían al Gobierno tras aprobar minería en su territorio, Ministerio de Ambiente frenó el proyecto

Un nuevo enfrentamiento jurídico se desató en la Amazonía luego de que el Resguardo Indígena Remanso-Chorrobocón, en el Guainía, aprobara la explotación minera en su territorio sin la autorización del Ministerio de Ambiente, amparándose en un decreto gubernamental. La cartera ambiental bloqueó la iniciativa, lo que avivó la controversia sobre la autonomía de las comunidades indígenas en la gestión de sus recursos naturales.

El conflicto tiene su origen en el Decreto 1275 de 2024, expedido en octubre de 2024, el cual otorgó competencias ambientales a las autoridades indígenas dentro de sus territorios. Desde su publicación, varios expertos advirtieron sobre posibles conflictos de jurisdicción, y el Consejo de Estado recibió demandas en su contra. Cuatro meses después, esas advertencias se hicieron realidad con la disputa entre el resguardo indígena y el Ministerio de Ambiente.

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La comunidad solicitó, desde el 21 de junio de 2023, la sustracción de 1.043 hectáreas de la Reserva Forestal de la Amazonia, establecida por la Ley Segunda de 1959, para desarrollar un proyecto de explotación de oro y sus concentrados en una zona cercana a los ríos Inírida y Atapabo. Sin embargo, el 22 de enero, basándose en el decreto 1275, el resguardo aprobó la sustracción sin esperar el visto bueno de la cartera ambiental.

La controversia escaló rápidamente cuando, tan solo un día después, el 23 de enero de 2025, el ministerio de ambiente rechazó la solicitud mediante la Resolución 0078, argumentando que la comunidad no tenía la facultad legal para tomar tal decisión sin su aprobación previa. La sustracción de un área dentro de una reserva implica que deja de estar protegida y puede ser destinada a actividades económicas como la minería o la explotación de hidrocarburos. Sin embargo, el ministerio fue enfático en señalar que el Decreto 1275 de 2024 no otorgaba a los resguardos indígenas la potestad de autorizar estos cambios por sí mismos. “El decreto 1275 no faculta a los resguardos para adelantar sustracciones, y decisiones de este tipo van en contra de su espíritu y alcance”, aclaró la entidad en su resolución.

Este desacuerdo puso en entredicho la validez jurídica del decreto, ya que, mientras el Gobierno sostiene que la decisión del resguardo no tiene sustento legal, la comunidad indígena defiende su derecho a gestionar su territorio sin intervención del Estado. Ante la negativa del ministerio, los líderes del resguardo manifestaron que, de ser necesario, la disputa deberá resolverse en los tribunales. “Nosotros estamos esperando que la autoridad ambiental nos apruebe la licencia o bien nos demande o demande la resolución que sacamos. Para que un estrado judicial nos diga si tenemos o no tenemos razón”, expresó César Florez Clarín, gobernador del cabildo del Resguardo Indígena Chorro Bocón.

A pesar del rechazo del Ministerio de Ambiente a la sustracción de tierras para actividades mineras, el Resguardo Indígena Remanso-Chorrobocón mantiene firme su decisión de iniciar la extracción de oro en la región. Los líderes indígenas informaron a la Presidencia, a la Agencia Nacional de Minería y al Ministerio de Minas sobre su intención de desarrollar este proyecto en la zona selvática, asegurando que su objetivo es continuar con la actividad minera, pero bajo condiciones más sostenibles.

César Florez Clarín, gobernador del cabildo del resguardo, explicó a El Tiempo que la minería es, históricamente, la principal fuente de ingresos para las comunidades locales y que, sin esta actividad, la economía del Guainía se vería gravemente afectada. “Hasta el momento nosotros seguimos firmes y seguimos defendiendo ese proyecto. La intención en ningún momento es hacer daño, por eso le presentamos al Gobierno Nacional un Plan de Trabajo Ambiental de cómo es que nosotros queremos trabajar la minería dentro del resguardo”, afirmó.

También advirtió sobre las consecuencias económicas que traería la prohibición de la minería en la región. “La mayoría de personas en el Guainía trabajan en la minería ilegal. Inírida es la capital del departamento y si no hay minería ilegal en el Guainía se muere Inírida, porque la mayoría de la gente vive de esta práctica”, añadió.

Según el informe Colombia: Explotación de Oro de Aluvión, elaborado por el Ministerio de Minas y Energía en conjunto con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), la totalidad de la extracción de oro de aluvión (Evoa) y coltán en el departamento del Guainía durante el año 2021 se llevó a cabo sin ningún tipo de autorización legal. Estos datos confirmaron la dimensión del problema y la falta de regulación efectiva sobre la minería en la región, un panorama que la comunidad indígena busca cambiar con su propuesta de formalización.