La Fiscalía General de la Nación ha decidido incluir en el juicio oral contra Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, las declaraciones de dos cantantes vallenatos que habrían sido contratados para presentarse en eventos sociales organizados en Bogotá y Barranquilla.
Según informó La FM, el ente investigador calificó estos gastos como “suntuosos” y busca esclarecer el origen de los recursos utilizados para cubrirlos.
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Las declaraciones de los artistas Abel de Jesús Cantillo del Castillo y Julio César Rojas Díaz serán incorporadas como pruebas en el proceso judicial. Ambos músicos habrían recibido pagos por sus presentaciones en eventos privados organizados por Nicolás Petro, quien enfrenta acusaciones relacionadas con presuntos manejos irregulares de dinero.
En su testimonio, Abel de Jesús Cantillo del Castillo afirmó haber recibido honorarios por su participación como cantante de música vallenata en eventos realizados en las ciudades de Bogotá y Barranquilla. Este tipo de música, considerada parte del folclore colombiano, habría sido el eje central de las reuniones sociales organizadas por Petro.
Por su parte, Julio César Rojas Díaz ofreció una declaración jurada el pasado 5 de septiembre de 2023, en la que confirmó haber recibido pagos por sus servicios como músico en eventos similares. Ambos testimonios apuntan a que los recursos utilizados para contratar a los artistas podrían estar vinculados a los hechos investigados por la Fiscalía.
La inclusión de estas declaraciones busca esclarecer si los fondos empleados para financiar los eventos sociales tienen un origen lícito o si, por el contrario, están relacionados con posibles irregularidades en la gestión de recursos por parte de Nicolás Petro.
La investigación en curso ha generado un amplio interés público debido a la relevancia política del caso y a las implicaciones que podría tener para el entorno cercano al presidente de Colombia. Según detalló La FM, la Fiscalía continúa recopilando pruebas y testimonios que permitan avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
Este caso pone de manifiesto la importancia de garantizar la transparencia en el manejo de recursos, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Las declaraciones de los cantantes vallenatos se suman a una serie de elementos que serán analizados durante el juicio, en el que se determinará la responsabilidad de Nicolás Petro en los hechos investigados.
Segundo día de audiencia para Nicolás Petro y Laura Ojeda en el caso de sobornos políticos
Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, y Laura Ojeda, exasistente de su oficina en el Congreso, se presentaron hoy ante el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla para continuar con su audiencia preparatoria.
Esta sesión marca el segundo día de procedimientos judiciales en los que ambos se enfrentan a serias acusaciones de corrupción, en particular por presuntos sobornos de empresarios a cambio de favores políticos.
El proceso judicial gira en torno a los cargos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
La Fiscalía sostiene que Petro y Ojeda recibieron pagos ilegales durante la campaña presidencial de 2022, bajo la premisa de obtener influencias en contratos públicos en la región Caribe. A pesar de las pruebas presentadas por la Fiscalía, los acusados mantienen su postura de inocencia, argumentando que las pruebas no demuestran su culpabilidad.
Ambos llegaron al centro judicial acompañados de sus defensores, sin ofrecer declaraciones a la prensa. La jornada ha estado marcada por una alta cobertura mediática y un notable despliegue de seguridad, dado el perfil político de los involucrados. La defensa de Petro y Ojeda ha insistido en que las pruebas que los vinculan con estos hechos son insuficientes y que se trataría de acusaciones infundadas.
El caso ha trascendido por las implicaciones políticas que involucran al hijo del presidente, lo que ha generado un intenso interés público en Colombia. El proceso continúa, y en las próximas audiencias se espera que se presenten más pruebas tanto de la defensa como de la Fiscalía, lo que podría definir el futuro del caso.
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