Un presunto caso de espionaje al ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez Gómez, ha desatado una serie de investigaciones y destituciones en la Policía Nacional, mientras se revelan posibles vínculos entre el señalado ‘zar del contrabando’, Diego Marín Buitrago, y figuras políticas de alto perfil.
Las autoridades han identificado una red de irregularidades que involucra desde la entrega de dinero a campañas políticas en las elecciones pasadas, hasta infiltración en diferentes estamentos del Estado, según El Tiempo.
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De acuerdo con el medio, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) lleva meses investigando la entrega de quinientos millones de pesos (aproximadamente 122.000 dólares) por parte de Marín al catalán Xavier Vendrell, en un episodio que habría tenido lugar durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
Este hecho, que ahora será investigado por la Fiscalía, es solo una de las piezas de un complejo rompecabezas que incluye reuniones secretas, espionaje y posibles encubrimientos dentro de las instituciones del Estado.
Según la investigación del medio mencionado, la entrega de los quinientos millones de pesos ocurrió en una mansión en Guaymaral, cerca de Bogotá, propiedad de la esposa de Diego Marín. En dicha reunión, además de Vendrell, estuvo presente Néstor García Colorado, cofundador del partido Alianza Verde.
García Colorado ha declarado que no presenció la entrega del dinero y que el encuentro fue un simple asado con un empresario que buscaba acercarse a la campaña de Petro.
Sin embargo, las circunstancias han generado dudas, especialmente porque García Colorado solo ha rendido declaraciones ante la DNI, donde trabajan su hermana y su cuñado.
Los vínculos familiares y políticos de García Colorado podrían ser relevantes en este caso. Su padre, al igual que tres directores de la DNI, fueron militantes del grupo insurgente M-19, lo que ha levantado sospechas sobre posibles conflictos de interés en la investigación, según El Tiempo.
Uno de los aspectos más delicados del caso es el presunto espionaje al ahora exministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, y a su familia. Según consignó El Tiempo, oficiales de la Dijín/Interpol que investigaban a Diego Marín fueron destituidos recientemente tras ser señalados de realizar estas actividades de vigilancia no autorizadas.
Entre los implicados se encuentra un miembro de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), Álvaro Galvis, quien habría entregado información sobre figuras de derecha vinculadas a la red de contrabando, incluyendo personas cercanas al expresidente Iván Duque.
Galvis trabajó junto a Freddy Camilo Gómez, quien en el pasado colaboró con la administración de Bogotá durante la alcaldía de Gustavo Petro. En un informe de inteligencia, se llegó a afirmar erróneamente que Gómez era sobrino del ministro Velásquez, lo que generó confusión y alimentó las tensiones dentro de la Policía.
Otro punto que ha generado controversia es la supuesta relación de un pariente político del exdirector de la Policía, general William René Salamanca, con Diego Marín. Aunque el presidente Gustavo Petro reconoció públicamente que Marín intentó infiltrarse en su campaña, también señaló que no se ha avanzado en procesarlo por otros delitos debido a que “gente de la Fiscalía intenta protegerlo”.
Uno de los fiscales que llevaba el caso de Marín fue reemplazado en plena audiencia, y el expediente fue transferido a un despacho que solo imputó cargos menores, como cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir con fines de contrabando, según informó el medio mencionado. Esto ha generado críticas sobre la posibilidad de que Marín reciba una condena benévola, que podría incluir detención domiciliaria.
Actualmente, Diego Marín se encuentra en Portugal, donde enfrenta un proceso de extradición a Colombia. Sin embargo, fuentes gubernamentales citadas por El Tiempo advirtieron que, incluso si se concreta su traslado, los cargos imputados hasta ahora podrían permitirle obtener una condena leve. “Le están buscando casa por cárcel. Varios procesos en su contra que datan de 2010 están literalmente desactivados”, afirmó una fuente del alto gobierno al medio.
Mientras tanto, la Fiscalía anunció que, dos años y medio después de los hechos, abrirá una investigación sobre la entrega de los 500 millones de pesos a Xavier Vendrell. El catalán será llamado a interrogatorio para esclarecer cuánto dinero devolvió y si alguien más se quedó con una parte, como sugieren algunas versiones.
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