Daniel Quintero atacó a Carlos Carillo, director de la Ungrd, por supuestos contratos que beneficiarían al ELN: “Debe irse y responder ante las autoridades”

Una investigación de W Radio ha sacado a la luz nuevos detalles sobre una presunta red de contratación estatal que habría beneficiado a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Las revelaciones provienen de declaraciones realizadas ante la Corte Suprema de Justicia por Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), quien aseguró que parte de los contratos adjudicados por la entidad terminaron en manos del grupo armado ilegal.

A pesar de la contundencia de sus afirmaciones, el presidente Gustavo Petro negó tales señalamientos.

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Los documentos y pruebas recopiladas por el medio de comunicación indican que los hechos en cuestión presentan similitudes con el escándalo de los carrotanques en La Guajira, en el que se destapó un entramado de corrupción en la gestión de recursos destinados a comunidades vulnerables.

En esta ocasión, el epicentro de la controversia es el departamento de Arauca, una de las regiones más afectadas por la presencia del ELN.

Quintero se pronunció

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, se pronunció sobre la denuncia. A través de su cuenta de X lanzó cuestionamientos hacia el directivo y señaló que debería renunciar a su cargo. “Si lo que se denuncia de Carrillo es cierto debe irse y responder ante las autoridades”, señaló.

Para Quintero son muchas las inconsistencias que hay que tener en cuenta puesto que, entre otras cosas, “La Ungrd es la entidad más corrupta del Estado”.

Un contratista clave en la trama

Uno de los nombres que ha emergido como pieza fundamental en la investigación es el de Jhon Freddy García Beltrán, un contratista hasta ahora desconocido en la opinión pública, pero cuya vinculación con actores cercanos al ELN ha levantado serias sospechas.

Según documentos obtenidos por W Radio, en 2023, García Beltrán recibió cuatro contratos de maquinaria amarilla por un valor total de $4.500 millones de pesos. Estas adjudicaciones fueron otorgadas por Sneyder Pinilla, entonces subdirector de la Ungrd, y por el propio Olmedo López.

El historial de García Beltrán revela conexiones inquietantes. En el pasado, trabajó con Jhony Alexander Bello Ortega, quien en 2019 fue capturado por pertenecer a la estructura del ELN.

Más aún, información suministrada por la Policía de Arauca indica que Bello Ortega es sobrino de alias Garganta, un reconocido cabecilla del grupo guerrillero, señalado por múltiples acciones violentas en la región.

Las relaciones familiares de García Beltrán también refuerzan las sospechas sobre sus nexos con el grupo insurgente.

Su esposa, Shirley García, fue recientemente nombrada directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS) en Arauca por el director nacional de la entidad, Gustavo Bolívar. A su vez, Shirley García es sobrina de alias Garganta.

Adicionalmente, el contratista es hijo de Freddy García Hernández, actual alcalde del municipio de Fortul, Arauca, quien resultó electo dos meses después de que su hijo recibiera los contratos multimillonarios.

Presiones y pagos cuestionados

La controversia se intensificó en febrero de 2024, cuando Olmedo López, antes de abandonar la dirección de la Ungrd, envió un correo a la Fiduprevisora exigiendo el desembolso de los pagos a favor de García Beltrán.

Sin embargo, debido a la crisis institucional desatada por el escándalo de los carrotanques en La Guajira, las contrataciones dentro de la Ungrd quedaron suspendidas.

Tras la renuncia de López, la entidad quedó en manos de Carlos Carrillo, que en un primer momento se opuso a autorizar los pagos de los contratos de maquinaria amarilla.

Sin embargo, documentos a los que tuvo acceso W Radio sugieren que Carrillo terminó cediendo ante presiones provenientes de la Presidencia de la República. Fuentes consultadas por la emisora afirman que la presión desde el alto gobierno fue determinante para que el entonces director de la Ungrd diera luz verde a la operación.

Finalmente, los contratos fueron pagados en su totalidad entre diciembre de 2024 y enero de 2025, por un monto de $4.500 millones de pesos, a pesar de que se tenía conocimiento de la conexión de García Beltrán con estructuras cercanas al ELN.

Las revelaciones sobre este esquema de contratación refuerzan la preocupación sobre el manejo de los recursos públicos en la Ungrd, una entidad que en los últimos años ha estado en el centro de escándalos de corrupción.

La sucesión de hechos en este caso deja en evidencia cómo, a pesar de los intentos iniciales de frenar la contratación irregular, las presiones políticas lograron su cometido, permitiendo que los pagos se realizaran.

El caso, que comenzó bajo la dirección de Olmedo López y se consolidó durante la gestión de Carlos Carrillo, pone en entredicho la integridad del manejo de los fondos destinados a la atención de emergencias y desastres. Además, plantea interrogantes sobre el control y supervisión de los contratos estatales en regiones donde operan grupos armados ilegales.

A medida que avanza la investigación, se espera que las autoridades esclarezcan el alcance real de esta operación y determinen responsabilidades en un entramado que podría tener implicaciones de seguridad nacional. Entretanto, la ciudadanía y la comunidad internacional observan con preocupación un nuevo capítulo en la crisis de corrupción que sacude al país.