
La Gobernación del Tolima anunció cambios en su equipo de trabajo el lunes 3 de febrero, con una serie de nuevos nombramientos.
Entre los cambios se destacó la designación del general en retiro Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército durante el gobierno de Iván Duque, cuya llegada generó sorpresa y controversia.
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Frente a este nombramiento, la representante a la Cámara Martha Alfonso rechazó la designación del excomandante del Ejército, señalando que ha sido cuestionado en diversas investigaciones.
A través de su cuenta en X, recordó que su nombre ha sido mencionado en pesquisas sobre la masacre del Aracatazo, ocurrida en 1995 en Chigorodó, Antioquia. Según Alfonso, estos antecedentes generan dudas sobre su idoneidad para el cargo que ahora asume.
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La representante a la Cámara Martha Alfonso expresó su inconformidad con el nombramiento de Eduardo Zapateiro como asesor de seguridad en la Gobernación del Tolima. “Aunque reconozco la importancia de fortalecer la seguridad en nuestra región, es fundamental que quienes asumen estos cargos cuenten con una trayectoria intachable y un compromiso claro con los derechos humanos. En el general Zapateiro no encontramos estas características”, afirmó en su publicación.
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Alfonso de igual manera cuestionó el historial del general en retiro Eduardo Zapateiro, recordando su presunta implicación en hechos graves. “El general ha sido mencionado en investigaciones relacionadas con la masacre del Aracatazo, ocurrida en 1995 en Chigorodó, Antioquia, donde se ha señalado la posible connivencia entre unidades militares y grupos paramilitares”, afirmó. Según la congresista, estos antecedentes generan dudas sobre su idoneidad para asumir un cargo en la Gobernación del Tolima.

La representante a la Cámara del Partido Alianza Verde también señaló las denuncias que vinculan a Zapateiro con hechos ocurridos durante el estallido social de 2021. “Su nombre fue incluido en denuncias presentadas ante la Corte Penal Internacional por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas contra manifestantes”, advirtió.
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A lo anterior agregó que “es importante recordar que, en el marco de estas movilizaciones masivas, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos, se presentaron 83 homicidios, 35 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública, más de 2.000 detenciones arbitrarias, más de 1.600 víctimas de violencia física y 96 víctimas de violencia ocular. Dentro de las víctimas mortales, es imposible no recordar a Santiago Murillo, el joven ibaguereño asesinado el 1 de mayo del 2021 y cuyo crimen sigue en la impunidad”.

La legisladora igualmente enfatizó la necesidad de abordar la seguridad en el Tolima con un enfoque integral que garantice la protección de la ciudadanía y el respeto a los derechos humanos.
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“El Tolima enfrenta grandes desafíos en materia de seguridad, pero estos deben ser atendidos con estrategias integrales que prioricen la protección de la ciudadanía y garanticen el respeto a los derechos fundamentales”, afirmó.
En este sentido, cuestionó la designación del general en retiro Eduardo Zapateiro como asesor de seguridad en la Gobernación del Tolima, argumentando que su trayectoria no genera confianza en la población. “Es clave que quienes asuman cargos de alta responsabilidad cuenten con una trayectoria que genere tranquilidad y credibilidad en la población y, especialmente, total respeto por los derechos humanos. El general (r) Zapateiro no es garantía de ello”, sentenció la congresista.
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Y concluyó diciendo: “Hago un llamado a la Gobernación del Tolima para que este nombramiento y las políticas de seguridad sean evaluadas con rigor y transparencia, asegurando que todas las decisiones respondan al bienestar de los tolimenses y a los principios de legalidad y justicia”.
Por su parte, Eduardo Zapateiro, tras su designación como asesor de seguridad en la Gobernación del Tolima, el general en retiro afirmó que es necesario implementar un plan para blindar el departamento frente a la presencia de grupos armados. Señaló que las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc y el ELN han realizado incursiones en territorio tolimense, lo que exige una estrategia para enfrentar esta amenaza.
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