Gobernación de Antioquia demandó resolución del Gobierno Petro sobre el uso del suelo en el departamento: “Violatoria de principios”

La controversia en torno a la delimitación de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa) en el suroeste antioqueño escaló a los tribunales.

El lunes 3 de febrero, la Gobernación de Antioquia presentó una demanda ante el Consejo de Estado solicitando la nulidad de la resolución 000377, emitida por el Ministerio de Agricultura el 26 de diciembre de 2024.

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La normativa establece polígonos en 23 municipios de la región con el objetivo de proteger suelos destinados a la producción de alimentos, lo que generó un fuerte rechazo por parte de las autoridades locales y sectores económicos.

La Gobernación argumentó que la resolución es “violatoria de los principios y normas constitucionales, legales y convencionales”. Además, señaló que fue expedida con “falsa motivación”, falta de competencia y sin respetar el derecho de audiencia y defensa de los actores involucrados.

Este proceso legal se suma a un clima de tensión que posiblemente se intensificará el miércoles 5 de febrero, cuando se lleve a cabo una reunión en el municipio de Támesis entre representantes del Gobierno nacional y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para discutir los alcances de la medida. .

La resolución 000377, firmada por la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino Villegas, delimita un área de 249.617 hectáreas en municipios como Amagá, Andes, Jericó, Támesis y Urrao , entre otros. Según el Gobierno nacional, esta medida responde a solicitudes de organizaciones campesinas que buscan proteger los suelos agrícolas de la región.

El objetivo inicial es identificar los polígonos para, posteriormente, avanzar en la declaratoria formal de las Appa, lo que podría implicar determinantes de ordenamiento territorial.

Sin embargo, la Administración Departamental y diversos sectores económicos manifestaron su preocupación por las posibles restricciones que esta normativa podría imponer a actividades como la minería, la ganadería, el turismo y la construcción.

Según el gobernador Rendón, la resolución constituye una “usurpación” de las competencias de los gobiernos locales, limitando su autonomía para decidir sobre el uso del suelo en sus territorios. “Es una lucha ideológica del Gobierno nacional que afecta el desarrollo de la minería y otras actividades económicas”, afirmó el mandatario departamental.

El rechazo a la resolución también fue expresado por el Comité Intergremial de Antioquia, que agrupa a los principales gremios económicos del departamento. Según esta organización, la medida genera incertidumbre y podría paralizar sectores productivos clave, afectando la competitividad de la región y el tejido empresarial.

“La gravedad de esta resolución radica en que se afectará la competitividad del departamento y provocará una parálisis en los sectores productivos”, dicen desde el Comité.

En municipios como Betulia, las recomendaciones del Gobierno nacional sobre cultivos específicos han sido cuestionadas por los alcaldes locales. Por ejemplo, el alcalde Néstor Camilo Serna expresó su preocupación por la falta de lógica en las sugerencias de productos como arroz, gulupa y lulo, que no se adaptan a las condiciones de la región. En Amagá, la incertidumbre se centra en la continuidad de las operaciones mineras, de las cuales dependen más de 5.000 familias.

Ante las críticas, la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, defendió la resolución, asegurando que no limita actividades ni determina usos del suelo. Según la funcionaria, el propósito es proteger las áreas donde ya se desarrolla la actividad agropecuaria, sin interferir en otros procesos como la adquisición de tierras. “Nuestra definición no limita actividades ni determina usos, y sí nos permite acercarnos a donde hoy se desarrolla la actividad agropecuaria para protegerla”, afirmó Carvajalino.

Sin embargo, un documento público del Gobierno nacional señala que las Appa una vez declaradas, sí constituirían determinantes de ordenamiento territorial, lo que alimentó las preocupaciones de las autoridades locales y los gremios económicos.

En medio de este panorama, se espera que el miércoles 5 de febrero, se socialicen los alcances de la resolución en una reunión programada entre miembros del alto Gobierno y la Gobernación de Antioquia. Al encuentro asistirán los ministros de Agricultura, Comercio y Medio Ambiente, junto con el gobernador Andrés Julián Rendón y su gabinete. El objetivo es aclarar las dudas y buscar puntos de consenso entre las partes.

Esta reunión se produce tras un encuentro previo realizado el 14 de enero en el que los alcaldes de la región expresaron su descontento con la normativa. Las autoridades locales han insistido en que el Gobierno nacional debe respetar la autonomía territorial y considerar las particularidades de cada municipio antes de implementar medidas que afecten sus economías.