El Tribunal Superior de Bogotá aceptó como testigos de la defensa de Álvaro Uribe Vélez a los exministros de Agricultura, Andrés Felipe Arias, y del Interior, Fabio Valencia Cossio, así como al exfiscal Néstor Humberto Martínez, en el juicio que se adelantará contra el expresidente (2002-2010) por su presunta responsabilidad en los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos.
Con esta decisión, el magistrado Manuel Antonio Merchán Gutiérrez revocó la decisión que adoptó la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, que en una primera negó los testimonios que solicitó el abogado penalista Jaime Granados.
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En los testigos admitidos también se encuentra el representante a la Cámara del Centro Democrático Hernán Cadavid, así como la del exalcalde del municipio de Amagá, Antioquia, Wilser Darío Molina.
El Tribunal Superior del Bogotá también aceptó las declaraciones de los exparamilitares Ramiro de Jesús Henao y Gabriel Muñoz.
“Revocar la decisión de primera instancia para en su lugar admitir la práctica de los testimonios de Andrés Felipe Arias Leiva, se cita en los numerales donde se aborde a cada uno de los testimonios y medios cognoscitivos Juan Felipe Amaya, Hugo Ramírez, José Manuel Rodríguez, Ramón Quintero Sanclemente, Diego Pérez Henao, Rubi Chao Espad, Honorio Enrique Espinedo, Néstor Humberto Martínez Neira, Hernán Darío Cadavid Márquez, Carlos Alberto Cruz Moreno, Fabio Valencia Cossio, Robby Eugenio Arizmende Jaramillo, Liliana María Correa, Manuel Retureta, Germán Gómez Rojas, Nora Zuleta, Hernando Torres Barrera, Armando Farfán López, Wilson Molina Molina y Leonardo de Jesús Agudelo”, indicó el magistrado Merchán.
El abogado Jaime Granados ha explicado en más de una ocasión que el llamado del exministro Arias se debe a que cuando estaba detenido en una cárcel de Estados Unidos, se enteró de un plan en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
En cuanto a las declaraciones del exministro del Interior Fabio Valencia Cossio y el exfiscal Néstor Humberto Martínez están dirigidas para establecer la forma en cómo conoció la Fiscalía, la supuesta existencia del complot judicial en contra del líder natural del Centro Democrático.
Por otra parte, el Tribunal Superior de Bogotá declaró legales las interceptaciones telefónicas que involucran al expresidente Uribe y al abogado Diego Cadena, permitiendo que estas sean utilizadas como prueba en el juicio que enfrenta el exmandatario.
Las interceptaciones fueron incorporadas inicialmente por la Fiscalía General de la Nación en noviembre de 2024 que se lleva a cabo en el Juzgado 44 de Conocimiento de Bogotá.
El magistrado Manuel Antonio Merchán enfatizó que no era viable revisar las decisiones previamente tomadas por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que había avalado el uso de las interceptaciones en el caso. Merchán subrayó que, aunque el debido proceso debe ser respetado, las pruebas obtenidas no serán excluidas, permitiendo que las partes involucradas las confronten y presenten sus argumentos durante el juicio.
Al respecto, el líder del Centro Democrático pidió la palabra y dejó una constancia, en la que mencionó que hay consideraciones que, en su momento, la Corte Suprema de Justicia hizo durante el proceso judicial.
“Con todo el respeto y el acatamiento, me voy a referir a unos temas de la lectura (...) me referiré en instancias posteriores del juicio y también ante la opinión pública a un tema que tiene que ver con lo que me atribuyó la Corte Suprema sobre tener contactos con el representante Nilton Córdoba Manyoma”, dijo el exmandatario durante la audiencia.
El caso ha generado un intenso debate en la opinión pública y ha polarizado el ámbito político en Colombia. Mientras los seguidores de Uribe consideran que se trata de una persecución judicial, sus detractores ven el proceso como un paso necesario para garantizar la rendición de cuentas en el país. Según Daniel Coronell, la estrategia de la defensa, al cuestionar la legalidad de las pruebas, también ha servido para dilatar el juicio y acercarse a la prescripción de la acción penal.
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