Las crecientes dificultades de conflictividad social y orden público, entre otros fatores que ponen en riesgo el abastecimiento de combustibles en el país, exigen acciones estructurales y de mayor coordinación para mantener la continuidad y confiabilidad del suministro. Esa es la principal conclusión del informe económico “Combustibles líquidos: energía de hoy y mañana”, que presentó la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP).
En 2024, se registraron 147 bloqueos a plantas y vías, más de 300 válvulas ilícitas en poliductos y más de 40 atentados a oleoductos. En este contexto, la ACP propone la creación de un Consejo Nacional de Operación (CNO) para el abastecimiento de combustibles líquidos, como una instancia que propendería por una mejor planeación y coordinación tanto de la operación recurrente como ante cualquier eventualidad y en escenarios con mayores requerimientos de importación, en la que todos los agentes de la cadena son corresponsables del garantizar el suministro.
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La creación de este CNO esta es una de las principales propuestas y prioridades planteadas en el informe, que registra lo sucedido en el sector en 2024 y las expectativas a 2030, así como una hoja de ruta para la seguridad energética en combustibles, producto de la visión de un grupo representativo de agentes de toda la cadena: refinador, transportador, empresas distribuidoras mayoristas y gremios representantes de los minoristas y consumidores finales.
Servicio público esencial
Al respecto, el presidente de la ACP, Frank Pearl, aseguró que la distribución de combustibles líquidos es un servicio público esencial y la columna vertebral de la movilidad en el país.
Según advirtió, “para garantizar su continuidad, debemos trabajar de manera articulada y estructurada, anticipándonos a los desafíos operativos y de abastecimiento que actualmente enfrentamos, pues los combustibles líquidos además de garantizar derechos fundamentales también respaldan el 6% de la matriz eléctrica del país. Por ejemplo, el año anterior sostuvieron la generación térmica nacional y evitaron el riesgo de racionamiento de energía”.
Además de la creación del Consejo Nacional de Operación, será necesario, agregó el dirigente, avanzar en la habilitación de importaciones de manera estructurada, desarrollar los proyectos de poliductos y almacenamientos estratégicos, promover la libre competencia y aumentar la mezcla de biocombustibles y desarrollo del combustible sostenible de aviación (SAF).
Demanda se mantiene en crecimiento
De acuerdo con el informe, el consumo total de combustibles líquidos registró los siguientes indicadores:
- Gasolinas, diésel y jet, en 2024, creció un 0,6% respecto a 2023, promediando 347 KBD9 (miles de barriles día).
- La demanda de diésel aumentó 5,2% y la del combustible de aviación (jet A1) un 9,5%, lo que evidenció que es el combustible con mayor potencial de crecimiento para los próximos años.
- El consumo de gasolinas (corriente y extra) cayó 5,9%.
Así que, teniendo en cuenta la capacidad de refinación del país y los eventos coyunturales presentados, fue necesaria la importación del 39% de la demanda de gasolina corriente, el 8% de la de diésel y el 2,4% de jet A-1.
Hacia adelante, la demanda total crecería, en promedio, al 1,2% en 2025 y al 1,8% promedio anual en el mediano plazo (2026-2030). Lo cual, según la ACP, considerando la capacidad actual de producción, implicará importaciones estructurales:
- Gasolina: hasta del 35% entre 2025 y 2030.
- Diésel: hasta del 10% entre 2027 y 2030.
- Jet: hasta del 16% entre 2025 y 2030.
La proyección no tiene en cuenta las importaciones coyunturales que se puedan requerir para asegurar el abastecimiento ante eventos de fuerza mayor, cambios en las condiciones operativas de las refinerías y/o mantenimientos.
$9,1 billones de aportes fiscales
Según cálculos de la ACP, en 2024, las actividades de la cadena de distribución de combustibles líquidos representaron el 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB), generaron 264.000 empleos, y los impuestos al consumo de gasolinas y diésel representaron $9,1 billones de ingresos fiscales, de los cuales $5,2 billones al Gobierno nacional, y $3,9 billones a las entidades territoriales.
Finalmente, el presidente de la ACP, Frank Pearl, reiteró que “el abastecimiento confiable, continuo y eficiente de combustibles líquidos es fundamental para la seguridad energética de Colombia, para la estabilidad económica, el bienestar social y la garantía de derechos fundamentales como la salud, la educación y el trabajo, al viabilizar el funcionamiento de vehículos particulares, transporte público y de carga, aviones, barcos, y actividades críticas como el transporte de alimentos, insumos médicos y ambulancias”.
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