
Las elecciones atípicas programadas para el 23 de febrero en el Putumayo, donde se elegirán al nuevo gobernador y al alcalde de Puerto Guzmán, generan gran preocupación debido a la situación de orden público en la región. El jueves 30 de enero, Hernán Penagos, registrador Nacional, expresó su inquietud sobre los crecientes problemas de inseguridad y violencia, que se vieron alimentados por la presencia y el accionar de grupos armados ilegales. Durante su intervención, Penagos hizo un llamado a las autoridades pertinentes, destacando la necesidad de que el Ministerio de Defensa garantice las condiciones necesarias de seguridad para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin temor.
El registrador señaló que la situación en Putumayo es delicada, y alertó sobre las dificultades que podrían surgir en los días previos y durante las elecciones. En su declaración, Penagos señaló que tanto el Gobierno nacional como otras entidades como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior deben reconocer la gravedad del panorama.
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A pesar de los esfuerzos por asegurar un ambiente electoral estable, el funcionario remarcó la urgencia de que las fuerzas armadas y la policía tomen medidas decisivas para salvaguardar el proceso electoral y permitir que los votantes de la región puedan ejercer su derecho al sufragio de manera libre y segura.
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Al destacar la importancia de los comicios en el Putumayo, el registrador nacional explicó que estas elecciones atípicas representarían una prueba de fuego para el ejercicio del voto libre en Colombia. Con más de 270.000 ciudadanos habilitados para sufragar, aseguró que garantizar un proceso electoral transparente y seguro es fundamental para la democracia.
Sin embargo, advirtió que la situación de orden público en el departamento representa un riesgo significativo, ya que la ciudadanía podía ser instrumentalizada por grupos armados ilegales, lo que afectaría directamente la libertad del voto. Explicó que distintas entidades del Estado alertaron sobre las amenazas que enfrenta el proceso electoral y señaló la necesidad urgente de tomar medidas para contrarrestarlas.
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“Diferentes autoridades han advertido sobre dificultades en materia de seguridad y orden público en el departamento, luego, se hace necesario la actuación determinante de la Fuerza Pública para garantizar no solo el derecho al voto, sino el derecho al voto libre”, manifestó Penagos, haciendo un llamado al Gobierno para que priorizara la seguridad en la región.
Durante una sesión de la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, que tuvo lugar en Bogotá, se abordaron temas clave en torno a la organización de las elecciones atípicas de 2025, así como de los comicios presidenciales y legislativos programados para el año siguiente. En el encuentro, la Misión de Observación Electoral (MOE) expresó su profunda preocupación por el deterioro de la seguridad en diversas regiones del país y su posible impacto en el desarrollo de las votaciones, especialmente en el contexto de la política de paz total promovida por el Gobierno de Gustavo Petro.
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Alejandra Barrios, directora de la MOE, hizo énfasis en la aparente falta de compromiso de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, encabezada por Otty Patiño, en la protección del proceso electoral, señalando que los actuales diálogos de paz no parecían garantizar condiciones seguras para los votantes. “Vemos con muchísima preocupación que no hay un interés de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz frente al proceso electoral cuando tenemos hechos como el del Catatumbo. Hay unas mesas de negociación completamente inestables, una expansión de los grupos armados ilegales y economías ilícitas reforzadas en diferentes partes del país”, advirtió Barrios.

En este escenario, la Registraduría Nacional reiteró su compromiso con la transparencia y la integridad en el desarrollo de los comicios, garantizando una logística electoral organizada y confiable. Sin embargo, su registrador nacional enfatizó que el éxito del proceso no dependía únicamente de esta entidad, sino que requería el respaldo de todas las instituciones del Estado.
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