La Defensoría del Pueblo de Colombia ha emitido un enérgico llamado de atención frente al creciente nivel de violencia motivada por prejuicios hacia personas de la comunidad Lgbtiq+.
En su más reciente pronunciamiento, la entidad reportó que durante enero de 2025 se registraron al menos 13 asesinatos caracterizados por una extrema crueldad.
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Esta alarmante cifra refleja una tendencia preocupante de violencia sistemática contra esta población, lo que ha generado una grave crisis de derechos humanos en el país.
Según los datos recopilados por la Defensoría, los crímenes ocurrieron en diversas regiones del territorio colombiano, destacándose el departamento de Antioquia con cinco casos.
Otros lugares donde se reportaron asesinatos incluyen Valle del Cauca (2), Bolívar (1), Cundinamarca (1), Norte de Santander (1), Quindío (1) y Santander (1). Las víctimas, que abarcan una amplia diversidad dentro de la comunidad Lgbtiq+, incluyen a cuatro mujeres transgénero, dos hombres transgénero, seis hombres homosexuales, una mujer lesbiana y una persona cuya identidad de género aún no ha sido establecida.
Aunque la Fiscalía General de la Nación ha logrado avances en la investigación de estos crímenes, la Defensoría del Pueblo subraya que la impunidad sigue siendo uno de los principales obstáculos para la justicia en Colombia. A pesar de los esfuerzos por esclarecer los hechos, la falta de sanciones efectivas y la debilidad en las respuestas institucionales perpetúan la violencia contra las personas Lgbtiq+.
En este contexto, la Defensoría instó a las autoridades nacionales y locales, incluyendo la Presidencia de la República y la Vicepresidencia de Colombia, a convocar consejos de seguridad con el fin de abordar de manera urgente los casos de transfeminicidios y otros actos de violencia por prejuicio.
De igual forma, enfatizó la necesidad de evaluar y fortalecer las rutas de protección para garantizar que las personas Lgbtiq+ cuenten con la seguridad que necesitan.
La Defensoría también destacó la importancia del Conpes Lgbtiq+, un documento clave desarrollado en conjunto con el Ministerio de Igualdad y Equidad, para la prevención y atención integral de violencias y actos de discriminación, y la garantía de derechos para la población Lgbtiq+ en Colombia.
La entidad subrayó que, aunque el Conpes ha sido un avance en la protección de derechos, su implementación sigue siendo insuficiente frente a la gravedad de la situación de violencia que enfrenta la comunidad.
Por ello, la entidad urgió al fortalecimiento de las acciones y políticas públicas establecidas en este plan, para asegurar una respuesta más efectiva frente a los crímenes de odio y garantizar la seguridad de las personas Lgbtiq+ en el país.
Autoridades investigan el presunto transfeminicidio de Natalia Andrea Santodomingo en Cajicá
Un caso reciente, ocurrido en Cajicá, Cundinamarca, ejemplifica la violencia que la comunidad Lgbtiq+ sigue enfrentando en Colombia. El 9 de enero de 2025, fue hallado el cuerpo sin vida de Natalia Andrea Santodomingo Rodríguez, una mujer trans.
La Mesa Comunitaria Lgbtiq Cajicá ha calificado el caso como un posible transfeminicidio y ha solicitado a las autoridades locales y a la Fiscalía que actúen con celeridad para esclarecer los hechos y evitar que la muerte de Natalia quede en impunidad.
En un comunicado, Alcaldía de Cajicá, el secretario de Seguridad y Convivencia, Wilson Halaby Nagi, informó sobre las medidas adoptadas por la administración municipal para apoyar la investigación. “Desde la administración municipal, en cabeza de la ingeniera Fabiola Jácome Rincón y su equipo de trabajo, rechazamos enérgicamente este tipo de hechos”.
El CTI de la Fiscalía está a cargo de la investigación, y aunque una de las hipótesis iniciales apunta a que el crimen podría haber sido perpetrado por un hombre, las autoridades continúan con las indagaciones para determinar las causas exactas del deceso y si fue motivado por prejuicios hacia su identidad de género.
La comunidad local, así como organizaciones defensoras de los derechos de las personas Lgbtiq+, han hecho un llamado a las autoridades para que este caso no quede en el olvido y se garantice que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
Este caso resalta la urgencia de una respuesta institucional más efectiva para prevenir y sancionar los crímenes de odio contra las personas Lgbtiq+, una problemática que, como muestra la Defensoría, sigue en aumento en Colombia.
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