
El Gobierno del presidente Gustavo Petro expidió el jueves 30 de enero de 2025 los primeros tres decretos bajo el amparo de la declaratoria de conmoción interior, decretada ante la escalada de violencia en la región de El Catatumbo, Norte de Santander, protagonizada por varios grupos armados.
Entre las medidas adoptadas, una en particular desató polémica en los sectores políticos y económicos: la figura de la expropiación administrativa para la entrega de tierras a víctimas del conflicto en 19 municipios priorizados. Esta disposición fue objeto de críticas por parte de la oposición, con especial énfasis en la senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, que se sumó a las denuncias realizadas por la representante a la Cámara Katherine Miranda, del partido Alianza Verde.
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Miranda fue una de las primeras en alertar sobre lo que considera un intento de instaurar esta medida afirmando que la medida podría vulnerar derechos fundamentales. “Quieren volver a meter la expropiación express, eliminando el debido proceso, la falta de control judicial y la legítima defensa a la propiedad privada”, expresó a través de su cuenta en la red social X.

Paloma Valencia no tardó en pronunciarse, amplificando la denuncia y cuestionando la decisión del Ejecutivo:“Increíble como el gobierno pretende pasarle por encima al congreso. Que nos expliquen: quieren implantar expropiación express vía conmoción interior”, publicó en sus redes, generando reacciones de diversos sectores políticos y ciudadanos que comparten su preocupación.
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Además de este mensaje, la legisladora uribista compartió otra publicación en X en la que mencionó: “Este gobierno empieza a mostrar los abusos que pretende con la conmoción interior”.

Muchos usuarios respondieron al mensaje de Valencia y destacaron: “Cualquier parecido a la realidad venezolana en la época de Hugo Chávez es solo coincidencia dice el casi dictador colombiano. Este señor está enfermo con quitarle a la gente el esfuerzo de años de trabajo y ahorro”; “Que se tenga en cuenta la ley ya existente y se cumpla. Que de raro? Qué de nuevo? Es una conmoción, o no?”; “Chávez Gustavo y hamas mini”; “Menos mal está la corte constitucional para que le ponga freno a las burradas del guerrillero”.
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¿Expropiación?: debate recurrente en el Gobierno de Petro
El tema de la expropiación exprés no es nuevo dentro de la administración de Gustavo Petro. Durante la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, la Corte Constitucional anuló un artículo que habilitaba esta figura, argumentando que vulneraba principios fundamentales. Asimismo, el Congreso ha sido escenario de intensas discusiones en torno a la reforma agraria, una iniciativa que sectores políticos consideraron como un intento del Gobierno de reintroducir la medida por vías legislativas.
En esta ocasión, el tema reapareció en el contexto de la declaratoria de conmoción interior, lo que provocó inquietudes adicionales sobre el alcance del decreto. La norma expedida por el Ministerio de Agricultura busca facilitar la adjudicación de tierras en zonas afectadas por la violencia entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Farc, lideradas por alias Calarcá Córdoba; sin embargo, según la oposición, la medida podría convertirse en un mecanismo para normalizar la expropiación sin los controles adecuados.
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Katherine Miranda fue la primera en alzar su voz en contra de la “jugadita” del Gobierno
Las críticas no se hicieron esperar y Katherine Miranda advirtió sobre los peligros de esta decisión y su posible impacto a futuro. “Si esto sigue así, mañana pueden justificar cualquier otra medida con argumentos vagos y sin controles. Hoy son tierras, ¿mañana qué será?”, manifestó en su denuncia pública.
“¿Cómo es posible que como el Gobierno no ha podido imponer las apropiaciones pres en el Congreso, ahora lo quiere hacer a las malas con una conmoción interior? Esto es un atropello contra la propiedad privada (...) Estamos viendo como un Gobierno está dispuesto a pisotear los derechos fundamentales para imponer su voluntad. No podemos permitir Colombia no es una dictadura”, mencionó la congresista en un video compartido en su cuenta de X.
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El Gobierno, por su parte, ha defendido los decretos asegurando que responden a la grave crisis humanitaria en la región, donde según reportes oficiales, más de 50,000 personas fueron desplazadas y más de 80 perdieron la vida en enfrentamientos armados. De acuerdo con la Casa de Nariño, la aplicación de la medida estará limitada a los municipios priorizados y contará con criterios establecidos para evitar abusos.
No obstante, el debate sigue abierto y se espera que en los próximos días haya más reacciones por parte de diferentes sectores políticos y económicos.
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