
El 30 de enero de 2025, el Gobierno nacional hizo público los tres primeros decretos de conmoción interior, para contrarrestar la crisis de orden público en Norte de Santander que dejó a más de 40.000 personas desplazadas.
La resolución garantiza la producción de alimentos en la región del Catatumbo; financiamiento, créditos, alivio de pasivos y la suspensión de cobros judiciales en el sector agropecuario; sin embargo, uno de los decretos que está asociado a la expropiación causó polémica.
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El texto compartido por el Gobierno, liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro, faculta al Estado adquirir predios abandonados para facilitar la entrega de tierras a las víctimas del conflicto armado.
Para ese propósito, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas llevará un registro de los predios rurales abandonados por la violencia individual o masiva, o que se encuentren en confinamiento, o en favor de aquella población en riesgo inminente de desplazamiento forzado.
En cuanto al proceso, el Gobierno explicó que la entidad encargada establecerá comunicación con los propietarios de las tierras para informar las intenciones del Estado de adquirir dichos territorios, por lo que está en manos de los dueños decidir que se transfiera su propiedad a las arcas del país.
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“La Unidad registrará, individual o colectivamente, a los propietarios, poseedores y ocupantes y la relación Jurídica con el predio e informará a las autoridades competentes para que procedan a impedir cualquier acción de enajenación o transferencia de títulos de propiedad de estos bienes, cuando tal acción se adelante contra la voluntad de los titulares de los derechos respectivos, así como la inscripción de la medida preventiva y publicitaria frente a los poseedores y ocupantes”, puntualizó el documento.
El anuncio de esta medida no fue bien recibido en el país político, puesto que considera que es una nueva estrategia del Gobierno para abrir la puerta a la expropiación exprés de tierras.
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En sus redes sociales, la representante a la Cámara por la Alianza Verde Katherine Miranda sostuvo que el Gobierno nacional aprovechó la delicada situación de orden público en el Catatumbo, para sancionar una ley que fue archivada en el Congreso de la República.
A su vez, explicó que el Estado pretende establecer un decreto importante para el futuro de Colombia, saltándose el proceso indicado para aprobar este tipo de normativas. En su denuncia también dijo que el decreto viola la propiedad privada de los colombianos.

“Lo que no hemos pasado en el Congreso, ahora lo quieren hacer por Conmoción Interior. Quieren volver a meter la expropiación exprés, eliminando el debido proceso, la falta de control judicial y la legítima defensa a la propiedad privada”, escribió en su cuenta de X.
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Incluso, recordó que para cambiar el marco normativo relacionado con el sector agrario se debe de revisar la Ley 160 de 1994, más no intentarlo incluir de cualquier manera en medidas importantes para el país como el Estado de conmoción interior o el Plan Nacional de Desarrollo.
“Lo intentaron en el Plan Nacional de Desarrollo, lo intentaron en la reforma agraria y ahora lo quieren imponer a las malas por conmoción interior. Los programas especiales de adjudicación de tierras se sujetan a los procedimientos agrarios señalados en la Ley 160 de 1994″.

En ese sentido, la congresista sostuvo que de seguir así el Gobierno nacional podría expropiar otras cosas a los colombianos, además de las tierras.
“Lo que está haciendo este gobierno es normalizar la expropiación sin debido proceso. Si esto sigue así, mañana pueden justificar cualquier otra medida con argumentos vagos y sin controles. Hoy son tierras, ¿mañana qué será?”, cuestionó.
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