Anuncian millonarias demandas contra Epa Colombia por daños causados al sistema de transporte de Bogotá

La influenciadora y empresaria Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, enfrenta ahora una nueva batalla legal tras la ratificación de su condena por actos de vandalismo contra el sistema de transporte público de la capital. Los apoderados de TransMilenio y Recaudo Bogotá anunciaron millonarias demandas para que Barrera responda económicamente por los daños causados en noviembre de 2019.

Minutos después de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmara la condena de cinco años y dos meses de prisión contra Epa Colombia, los representantes legales de TransMilenio y Recaudo Bogotá manifestaron su intención de interponer demandas para exigir compensación económica.

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“El daño que hemos venido reclamando es superior a los $1.500 millones de pesos ya que todos los equipos que estaban allí fueron destruidos con ese martillo, violentamente, son de Recaudo Bogotá. Quizá nos dé más la cifra pues los valores deben estar actualizados a la fecha”, explicó Isnardo Gómez, apoderado de la concesión.

Y es que el fallo de la Corte Suprema ratificó que Barrera Rojas utilizó sus redes sociales para incitar a sus seguidores a cometer actos vandálicos en el contexto del estallido social de 2019. “Esta sentencia llega en un momento muy especial, cuando se habla de protesta social, pues la sentencia delimita lo que es la protesta social, pacífica por supuesto, y cuándo se rompe ese límite y se entra a la comisión de delitos que deben ser sancionados”, afirmó Gómez.

Por su parte, el abogado Camilo Sepúlveda, representante de TransMilenio, anunció que la entidad del Distrito de Bogotá presentará un incidente de reparación integral contra Barrera Rojas, asegurando que la influenciadora no ha reconocido “ni un centavo” por los daños ocasionados a la infraestructura pública: “El incidente se presentará para cobrar todos y cada uno de los perjuicios que esta persona le causó al Distrito”.

La Fiscalía General de la Nación había estimado en su momento que los perjuicios causados por Barrera ascendían a $1.218 millones. Sin embargo, con la actualización de los costos, la cifra podría ser considerablemente mayor.

Según el abogado de Recaudo Bogotá, el fallo no solo busca sancionar a Barrera, sino también enviar un mensaje de disuasión: “La condena manda un mensaje de los fines de la pena, disuadir a la población, a los ciudadanos de estar cometiendo estos actos vandálicos”. En la misma línea, Sepúlveda hizo un llamado a respetar la decisión judicial: “Creo que hay que respetar a la administración de justicia pues aquí intervinieron tres instancias judiciales. Aquí no se puede emitir opiniones sin saber lo que sucedió al interior del proceso, pues resulta un tanto irresponsable”.

Asimismo, enfatizó en la importancia de proteger lo público: “Creo que hay dos mensajes fundamentales: nadie está por encima de la ley y lo público es sagrado. Fueron miles de millones de pesos los que se generaron en daños en el supuesto estallido social”.

El fallo de la Corte Suprema y sus implicaciones

La condena contra Barrera Rojas incluye los delitos de daño en bien ajeno agravado, instigación para delinquir con fines terroristas y perturbación en servicio público de transporte colectivo u oficial. Esta calificación legal impide que la influenciadora acceda al beneficio de la casa por cárcel, a pesar de su reciente maternidad.

Aunque la mayoría de los magistrados de la Sala Penal estuvieron de acuerdo con la sentencia, hubo una disidencia importante. La magistrada Myriam Ávila expresó su desacuerdo con la calificación de terrorismo en el caso, lo que ha generado un debate jurídico en torno a los límites entre protesta social y acción criminal.

Con esta sentencia en firme y las demandas en proceso, el futuro legal de Epa Colombia se torna cada vez más complicado. Mientras enfrenta la posibilidad de pagar millonarias sumas por los daños causados, también debe afrontar la pena de prisión sin acceso a beneficios en la cárcel el Buen pastor de Bogotá, según confirmó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en la tarde del miércoles 29 de enero.