Un caso de explotación sexual infantil ha conmocionado a Medellín, donde las autoridades desmantelaron una red criminal que involucraba a ciudadanos extranjeros y proxenetas locales.
Según informó Semana, la investigación reveló detalles escalofriantes sobre cómo operaba esta organización, que abusaba de niñas menores de edad a cambio de dinero y dispositivos electrónicos.
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De acuerdo con el medio, los hechos que desencadenaron la investigación ocurrieron en marzo de 2024, cuando en un apartamento de Medellín fue sorprendido Timothy Allan Livingston, un ciudadano estadounidense, abusando de dos niñas de entre 11 y 12 años.
La investigación permitió acceder a conversaciones de WhatsApp que evidenciaron la forma en que operaba esta red. Según consignó Semana, los pedófilos extranjeros contactaban a proxenetas locales, identificadas como Lina Marcela Velázquez, alias Lily, y María Camila Cuervo, alias Mary.
Estas mujeres se encargaban de reclutar a niñas menores de edad para encuentros sexuales, ofreciendo sumas de dinero que oscilaban entre 200.000 y 400.000 pesos colombianos (aproximadamente entre 50 y 100 dólares estadounidenses), además de dispositivos electrónicos como celulares de alta gama.
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En uno de los chats obtenidos por las autoridades, un pedófilo extranjero le pedía a “Lily” que organizara un encuentro con una niña de 12 años.
Tras confirmar la edad de la menor, el hombre acordó pagar 300.000 pesos (unos 75 dólares) para la niña y la misma cantidad para la proxeneta, además de regalarle un iPhone 8. En otro mensaje, el abusador solicitaba privacidad durante el encuentro, argumentando que la niña podría llorar por el dolor.
“Tú en el baño, por fa, pa que haya privacidad porque probable (sic) llore otra vez por el dolor y así ella entiende que no hay vuelta atrás, que me tiene que dejar disfrutar y que ella también trate de disfrutar, y si se porta bien y da buen cariño, la sigues trayendo”, exponían los mensajes.
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Por otro lado, en una conversación con una de las víctimas, el pedófilo intentaba manipularla emocionalmente, diciéndole: “Por fin puedes ser la niña que siempre quisiste ser en el apartamento. Podemos ir a la tienda, comprar helado y jugar con tus Barbies”. Estas palabras, según el medio, reflejan el nivel de perversión y control psicológico que ejercían sobre las menores.
El 18 de abril de 2024, Stefan Correa, uno de los implicados en el grupo de explotación sexual, fue detenido por agentes de HSI en Miami. Durante su captura, las autoridades incautaron un computador y nueve teléfonos celulares que contenían material explícito de abuso sexual infantil, incluyendo imágenes y más de 50 videos en los que se le veía abusando de niñas de entre 9 y 12 años.
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Posteriormente, Correa aceptó su responsabilidad ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, enfrentando cargos por tentativa de tráfico sexual con menores y por intentar viajar para participar en actos sexuales con menores de edad.
El efecto dominó que causó la captura de Livingston en Medellín
La Fiscalía General de la Nación imputó a Livingston por los presuntos delitos de explotación y actos sexuales con menores de 14 años. En caso de ser hallado culpable, podría enfrentar penas de entre 14 y 25 años de prisión por explotación sexual, y de 9 a 13 años por los actos sexuales.
El hotel Gotham, donde ocurrieron los hechos, ha sido objeto de fuertes críticas y finalmente cerró sus puertas de manera definitiva. La administración del establecimiento, que era propiedad de un ciudadano canadiense con antecedentes legales, afirmó que el incidente violó las políticas del lugar y dañó irreparablemente su reputación.
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Livingston llegó a Medellín el 24 de marzo con un itinerario que indicaba su regreso a Estados Unidos el 1 de abril. Sin embargo, tras la denuncia en su contra, abandonó el país el 29 de marzo, dos días antes de lo previsto. Según Semana, su salida fue posible debido a un presunto error de los oficiales de Policía que lo encontraron en el hotel.
Livingston fue capturado en abril de 2024 gracias a los procesos adelantados por la Fiscalía y la Interpol, que emitió una circular azul para profundizar en la investigación de los actos delictivos cometidos por el acusado.
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