Daniel Briceño denunció aumento en contratos de la Secretaría de la Mujer en Bogotá, mientras incrementa la violencia de género

En lo que sería una problemática que afectaría, a su juicio, la asignación de recursos públicos en la capital de la República, el concejal de Bogotá Daniel Briceño denunció el incremento significativo en la contratación de prestación de servicios al interior de la Secretaría de la Mujer: dependencia a cargo de la abogada Laura Tami.

De acuerdo con Briceño, en 2023 las vinculaciones mediante esta figura fueron de 960 profesionales, frente a 1.705 en 2024; es decir, un aumento del 77,6%. De acuerdo con el concejal, este incremento no corresponde con una mejora en las políticas de prevención y protección de las mujeres, sino con un gasto desbordado que contradice las políticas de austeridad del alcalde mayor Carlos Fernando Galán.

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En un debate de control político organizado por el Centro Democrático en el cabildo distrital, Briceño cuestionó las prioridades del mandatario de los bogotanos y afirmó que la seguridad ha dejado de ser el enfoque principal de la administración. “La línea comunicativa del alcalde mayor es el metro de Bogotá: el metro avanza 1% y hay rueda de prensa, pero aumentan los homicidios y nadie dice nada”, indicó el concejal en su intervención.

En su intervención, Briceño enfatizó que mientras la violencia contra las mujeres en Bogotá registra cifras alarmantes, y que la Secretaría de la Mujer ha priorizado la inversión en contratos, comunicaciones y propaganda, relegando la implementación de políticas efectivas. Según Briceño, entre 2023 y 2024 los delitos sexuales aumentaron un 34,3%, con los homicidios de mujeres que pasaron de 89 a 115; mientras que las extorsiones contra ellas se incrementaron, al pasar de 481 a 897 casos.

Los señalamientos de Daniel Briceño al manejo presupuestal en Bogotá

Asimismo, Briceño afirmó que la Secretaría de la Mujer ha incumplido la política de austeridad ordenada por el alcalde Galán, que pedía reducir la contratación en un 10%. Por el contrario, durante la vigencia del 2024 la dependencia aumentó los contratos por prestación de servicios en un 77%, lo que es clara muestra de que no se estaría cumpliendo con lo pactado.

“Es inaceptable que la Secretaría de la Mujer esté violando esta directriz. El año con más contratistas en la historia de la Secretaría coincide con el período más inseguro para las mujeres en Bogotá”, denunció el concejal. Además, denunció que los gastos en comunicaciones, eventos y centrales de medios alcanzaron los 2.245 millones de pesos en 2024.

Entre sus argumentos, el joven político, que se ha convertido en experto en materia de contratación estatal, dejó en claro que una de las partidas presupuestales incluyó, entre otros, 43 millones de pesos destinados a una nota de prensa orientada a fortalecer la imagen institucional de la Secretaría: estrategia que calificó como una violación del Estatuto Anticorrupción, que en su artículo 10 prohíbe el uso de recursos públicos para promoción personal de servidores.

Con esta afirmación, el concejal advirtió que el crecimiento en la contratación no ha representado un impacto positivo en la lucha contra la violencia de género en Bogotá. Según los datos que presentó ante la corporación distrital, la Secretaría de la Mujer priorizó rubros administrativos y comunicativos en lugar de acciones concretas para reducir los índices de violencia.

E insistió en que esta situación refleja una desconexión entre las prioridades presupuestales y las necesidades urgentes de las mujeres en Bogotá. “Mientras los índices de violencia aumentan, la entidad parece enfocarse más en propaganda y contratos que en políticas de protección real”, refirió el cabildante.

Por último, Briceño concluyó su intervención con la exigencia a la administración distrital para que brinde mayor claridad sobre el manejo de los recursos y una reestructuración de las prioridades de la Secretaría de la Mujer. Según el concejal, es necesario que las políticas de prevención y protección se refuercen de manera efectiva, en lugar de destinar recursos a gastos administrativos y publicitarios que no abordan las problemáticas de fondo.