
No cesan las críticas a la visita del presidente Gustavo Petro a la ciudad de Jacmel, en Haití, después de que, en un acto público, ofreciera disculpas al gobierno de ese país por la presunta participación de exmilitares colombianos en el asesinato del entonces presidente Jovenel Moïse en 2021.
Según indicó el mandatario en la tarde del 22 de enero, “colombianos pagos como mercenarios por intereses en el estado de Florida decidieron venir a estas tierras a asesinar”.
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Ante las disculpas del mandatario, familiares de los 17 militares colombianos detenidos en ese país mostraron su “tristeza, dolor e indignación”, al considerar que el mandatario reafirmó acusaciones contra los capturados, lo que podría afectar el desarrollo de los procesos judiciales en curso.
Según señalaron, llevan más de 42 meses esperando acciones concretas para garantizar que los acusados puedan enfrentar un juicio con garantías judiciales.

“Hoy recibimos con total decepción y desconcierto la gestión realizada por el presidente Petro en Haití, como familias de los militares detenidos en ese país hemos esperado durante 42 meses la diligencia del Gobierno respecto del traslado de nuestros familiares a Colombia, por ello pensamos que al menos un punto en la agenda de trabajo del presidente en Haití fuese nuestro caso, pero de manera positiva, pero no, salió y los condenó”, señaló Janelina Carmona Flores, madre del subteniente Heiner Alberto Carmona, detenido en Haití.
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Los familiares de los detenidos también han advertido sobre las posibles repercusiones de las declaraciones de Petro en el proceso judicial que enfrentan los militares en Haití.
Según la hermana de Manuel Antonio Grosso, una de las personas señaladas en el caso, las palabras del presidente colombiano podrían influir negativamente en las diligencias judiciales.
“Hoy la familia de los 17 militares recibimos con profunda tristeza, dolor e indignación las declaraciones del presidente Gustavo Petro. Una vez más, el Gobierno muestra su desinterés por este caso y reafirma sus acusaciones como asesinos y mercenarios. Con estas acusaciones nos acaba de hacer un gran daño cuando estamos enfrentando una fase importante en las diligencias judiciales buscando tener un juicio justo en un país que carece de institucionalidad y garantías”, expresó.
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Los familiares han insistido en que el sistema judicial haitiano no ofrece las condiciones necesarias para garantizar un proceso imparcial.
Por ello, han reiterado su llamado al Gobierno colombiano para que intervenga de manera más activa en la búsqueda de una solución que permita trasladar a los detenidos a un lugar donde puedan ser juzgados con las debidas garantías.
Incluso, los representantes de los exmilitares en Colombia le recordaron al presidente su pasado en el M-19 que lo llevó a prisión. Según indicaron los familiares, en Haití no existen instituciones imparciales que garanticen el debido proceso, por lo que exigieron una actuación inmediata para el traslado de los 17 capturados.
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“Señor presidente, en representación de las familias, le pido, por favor, que recuerde estas palabras: usted vivió la injusticia cuando, por sus ideales, fue detenido y puesto en una cárcel. Esa misma injusticia la está viviendo mi hijo”, continuó Janelina Carmona.

Además, le recordó al jefe de Estado que no existen pruebas contundentes que ligue a los supuestos mercenarios colombianos con el asesinato del mandatario haitiano, por lo que pidió acciones inmediatas para garantizar sus derechos constitucionales.
“Como familia y como mamá hemos pedido y luchado al Gobierno nacional el apoyo para el traslado de todos nuestros familiares, debido a las condiciones en las que se encuentran que han sido inhumanas. Haití es un país sin instituciones, que no ofrece las garantías procesales para llevar un juicio y transparente. Se ha demostrado que no existen pruebas que vinculen a nuestros familiares en el caso del presidente y, aun así, ese país los sigue reteniendo”, concluyó Carmona.
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Asimismo, Irene Gómez, madre del exmilitar Jhon Jairo Ramírez, criticó el actuar del mandatario nacional y de la nueva canciller, Laura Sarabia, por considerarlo como un reversazo en el trabajo que han adelantado por casi tres años.
“El presidente ayer fue y en una rueda de prensa dijo que los militares habían estado allí, habían ido a matar a un presidente, cosa que nos dolió en el alma”, comentó Gómez en diálogo con La W.
Incluso, advirtió que los 17 exmilitares fueron engañados para llegar hasta ese país, con el pretexto de ofrecer servicios de seguridad nacional. “Mi hijo iba con un contrato verbal para ayudar con la seguridad de ese país. (...) Sentimos que estamos solos, hemos trabajado con las uñas”, señaló la familiar.
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