Estas son las siete reglas del acuerdo humanitario que organizaciones le pidieron respetar al ELN y a las disidencias del Frente 33 en su guerra en el Catatumbo

En la frontera entre Norte de Santander y Venezuela, la situación humanitaria en el Catatumbo sigue empeorando.

La Defensoría del Pueblo reporta que más de 32.000 personas han tenido que dejar sus hogares, afectadas por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del Frente 33, de las extintas Farc.

La región, cuyas rutas del narcotráfico se conectan con territorio venezolano, se ha convertido en el escenario de un enfrentamiento violento entre grupos armados que buscan controlar estas vías ilícitas.

Ante esta dramática situación que afecta a la población civil, más de 120 organizaciones le están pidiendo al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al frente 33 de las disidencia de las Farc el cese al fuego en esta subregión que se está viendo fuertemente afectada por estos enfrentamientos, según informó Caracol Radio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según informó Caracol Radio, más de 120 organizaciones han solicitado al ELN y al Frente 33 de las disidencias el cumplimiento de siete acuerdos básicos en materia humanitaria, entre ellos la implementación inmediata del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y un cese al fuego urgente. Este llamado busca mitigar el impacto de la ola de violencia que afecta al Catatumbo, en Norte de Santander, donde las comunidades se encuentran en medio de constantes enfrentamientos armados.

Las organizaciones han planteado siete mínimos humanitarios dirigidos a mitigar la crisis en el Catatumbo. Entre ellos, destacan la necesidad de garantizar una distinción clara entre combatientes y no combatientes, así como la identificación de bienes civiles y sociales, para proteger a la población que no participa en el conflicto armado.

De acuerdo con el medio antes citado también solicitan medidas urgentes para la remoción de minas antipersonal y municiones sin explotar, así como la prohibición del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Estas acciones buscan salvaguardar la vida de las comunidades más vulnerables de la región.

Asimismo, enfatizan la importancia de respetar la movilidad de las personas, proteger las fuentes de supervivencia económica y garantizar la seguridad de las misiones humanitarias, las cuales desempeñan un papel fundamental en la atención a las víctimas del conflicto armado.

Las propuestas también incluyen la protección de bienes esenciales para la vida de las comunidades en el Catatumbo. Entre estos se encuentran las escuelas, iglesias, lugares de culto y bienes de carácter civil, fundamentales para la supervivencia de la población. También se destacan las instalaciones y medios de transporte destinados a tareas sanitarias y fuentes de abastecimiento de agua en la región.

Además, se hace un llamado para proteger la infraestructura gestionada por las comunidades, como caminos, refugios, campamentos humanitarios y asentamientos campesinos. Estos espacios se consideran esenciales para garantizar la seguridad y el bienestar de las personas desplazadas y de quienes permanecen en sus territorios en medio del conflicto armado.

Las organizaciones sociales proponen que este acuerdo humanitario sea adoptado por el Estado colombiano, con el objetivo de implementarlo en el Catatumbo, una región donde la población civil enfrenta las mayores consecuencias de la actual escalada de violencia.

Y es que, sobre esta situación, la defensora del Pueblo, Iris Marín comentó que “al último corte teníamos información de 32.000 personas desplazadas, principalmente en Cúcuta, donde se encuentran más de 15000. En Ocaña aparecen más de 11.000, ya censadas. En tibú 5.300, y otros grupos más pequeños en otros municipios de la región. Además, se mantiene el confinamiento en varias zonas”.

En su más reciente informe, la Defensoría del Pueblo señaló que, aunque se estima un número mayor de fallecidos por los enfrentamientos, hasta ahora se ha confirmado la identidad de alrededor de 30 víctimas. Según la entidad, la mayoría de los cuerpos ya han sido entregados a sus familiares para la realización de las respectivas ceremonias fúnebres.

“Han sido entregados a Medicina Legal y se ha logrado exámenes médico forenses de 35 cuerpos, de los cuales dos no han sido identificados. Los restantes están siendo entregados a su familia”, explicó la entidad.