
En la mañana del miércoles 22 de enero de 2025, un juez 13 de control de garantías de Bogotá le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad a Juan David Beltrán, acusado por las autoridades como el responsable material del asesinato del director de la cárcel Modelo, coronel en retiro Élmer Fernández Velasco, hecho que ocurrió en mayo de 2024.
Durante la audiencia judicial, el togado avaló los argumentos de la Fiscalía General, al considerar como la persona que disparó y acabó con la vida del funcionario público, cuando se desplazaba por la carrera 20 con calle 79, en la localidad de Barrios Unidos, en el norte de Bogotá.
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Además, el juzgado indicó que Beltrán representa un peligro para la sociedad, así como la posibilidad de que saliera del país, al no contar con un arraigo en el territorio colombiano.
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“El juzgado consideró acreditado en punto de inferencia sería que el ciudadano (Beltrán) pues habría cometido un homicidio y que eso tiene relación con el tema de las amenazas que se presentaron en contra del director de la cárcel. Entonces, es un homicidio que se comete por seguramente alguna retribución, ya sea de tipo económico”, afirmó el juez durante la audiencia.
Adicionalmente, el togado indicó: “No hay evidencia que acredite que había algún problema personal, algún inconveniente especial, personal, insisto, entre el occiso y entre el supuesto agresor, el ciudadano imputado. Entonces, eso pone en evidencia que aparentemente tendría relación el homicidio con ese tema de las amenazas del establecimiento carcelario”.
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A su vez, el juez precisó que “si una persona sin tener ninguna motivación personal comete un homicidio, seguramente dentro de lo que en el argot popular se le conoce como ‘a sueldo’, pues ese es el mayor de los peligros que puede haber, porque eso quiere decir que la persona está dispuesta a atentar contra el bien jurídico más importante a cambio de alguna retribución”.
Tras la decisión final, el juzgado decidió enviar copias al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) quienes deberán definir el sitio de reclusión donde Beltrán cumplirá su pena privativa de la libertad.
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Beltrán había sido capturado el lunes 20 de enero de 2025, cuando se encontraba en su vivienda de Barrancabermeja (Santander), luego de que un ciudadano alertó a las unidades de la Policía sobre la presencia de un hombre sospechoso que salía de zona boscosa del barrio Floresta Baja de la capital santandereana.
Ese sujeto, según las autoridades, tenía las mismas características del criminal que había disparado contra el coronel en retiro en el norte de Bogotá.
Tras un operativo de búsqueda por la zona, la fuerza pública ubicó a este hombre que vestía un buso color gris con estampados en la espalda, jean y tenis blancos. Al momento de corroborar sus antecedentes penales, la Policía indicó que tenía un reporte vigente por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y homicidio agravado, emitida por el Juzgado Civil Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías N.º 54 de Bogotá.
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De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, el coronel en retiro Elmer Fernández se transportaba como copiloto en un vehículo color gris, marca Mazda. En un momento, fueron sorprendidos por dos sujetos armados que se desplazaban en una motocicleta, y sin mediar palabra, el parrillero, que sería Juan David Beltrán, disparó contra el directivo del centro carcelario, causándole la muerte instantánea.
Así mismo, se determinó que los implicados adquirieron una motocicleta especialmente para perpetrar el crimen, hecho corroborado por los registros en video.

Con la captura y judicialización de Juan David Beltrán, ya son cuatro los procesados por este caso, sumándose a Anyelo Cárdenas Cuca, Diego Alejandro Murillo Rivera y Sharon Juliet Martínez Roa, quienes les imputaron los mismos delitos, pero que no aceptaron los cargos ante la justicia.
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Días antes de su asesinato, el coronel retirado Élmer Fernández, oriundo de Piendamó, Cauca, había denunciado amenazas en su contra, tras un ataque contra la fachada del centro carcelario de Bogotá, o panfletos intimidatorios. Aunque alertó sobre el peligro que corría su vida, sus denuncias no fueron atendidas oportunamente, lo que ha generado cuestionamientos sobre las medidas de protección para funcionarios en riesgo.
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