Declaran emergencia humanitaria en Norte de Santander por guerra en el Catatumbo: Gobernación reporta que ya son más de 20 mil los desplazados

La región del Catatumbo, en Norte de Santander, está viviendo una de las crisis humanitarias más severas de los últimos años. Los enfrentamientos entre el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y las disidencias de las Farc han provocado el desplazamiento de más de veinte mil personas en tan solo cinco días, según informó El Espectador.

Ante la gravedad de la situación, la gobernación de Norte de Santander declaró la urgencia manifiesta y la emergencia humanitaria mediante los decretos 0042 y 0043 del 20 de enero de 2025. Estas medidas buscan priorizar recursos y garantizar la atención inmediata a las víctimas.

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El gobernador William Villamizar destacó que la declaratoria permite implementar acciones urgentes para mitigar el impacto de la crisis. “Hemos decretado la emergencia social y económica para poder, a través de acciones urgentes, continuar la atención de las víctimas y desplazados”, señaló.

Entre las medidas está la adquisición de alimentos, medicinas, colchonetas, ventiladores, ropa y otros elementos esenciales para los afectados, quienes se concentran principalmente en municipios como Tibú, Ocaña y Cúcuta.

La violencia en el Catatumbo no solo ha provocado desplazamientos masivos, sino que también ha dejado un saldo preocupante de víctimas. De acuerdo con la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, al menos sesenta personas han sido asesinadas durante los enfrentamientos entre los grupos armados.

De acuerdo con las investigaciones, el enfrentamiento entre el ELN y las disidencias de las Farc se habría originado por la pérdida de un cargamento de cocaína. Este hecho habría desatado una serie de ataques selectivos por parte del ELN contra sus rivales, lo que escaló rápidamente en una guerra abierta en el Catatumbo.

El ministro Velásquez señaló que, en este contexto, el Gobierno tiene la responsabilidad de proteger tanto a las víctimas directas del conflicto como a las comunidades desplazadas. “Hay enemigos específicos en este ataque selectivo del ELN, a esas personas tenemos que salvarles la vida, así como a las poblaciones movilizadas, a las que hay que darles las condiciones de existencia”, afirmó.

Estrategias militares y la protección de la población civil

En cuanto a las acciones militares, Iván Velásquez, ministro de Defensa, descartó el uso de bombardeos en la zona debido a la alta presencia de población civil. Según explicó, las estructuras del ELN en el Catatumbo no son fijas, lo que dificulta las operaciones desde el aire.

Los guerrilleros se movilizan en pequeños grupos, utilizando motocicletas para desplazarse entre las veredas, lo que complica su localización y neutralización.

El ministro también recordó que el uso de bombardeos no está prohibido, pero se evita en áreas donde hay menores de edad o civiles, en cumplimiento de los protocolos de protección humanitaria.

“El bombardeo no es una herramienta que se haya prohibido, abandonado; se había planteado que era en protección de menores, por lo que donde haya presencia de menores de edad, no se ataca con bombas”, explicó.

Advertencias previas y la respuesta del Estado

La crisis en el Catatumbo no tomó por sorpresa a las autoridades. Según recordó el ministro de Defensa, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana el 11 de noviembre de 2024, advirtiendo sobre los movimientos de tropas del ELN y el riesgo que esto representaba para los firmantes del acuerdo de paz y las comunidades de la región.

Sin embargo, las acciones del Estado han sido cuestionadas por su aparente tardanza. Velásquez defendió la estrategia implementada por el Ejército Nacional, asegurando que está diseñada para proteger a la población civil y reafirmar la presencia del Estado en el territorio.

El ministro concluyó que el objetivo principal es controlar la situación para permitir que las personas desplazadas puedan regresar a sus hogares y evitar nuevos ataques.

La crisis en el Catatumbo sigue siendo un desafío para el Gobierno colombiano, que enfrenta la difícil tarea de garantizar la seguridad de los habitantes mientras combate a los grupos armados ilegales que operan en la región.