Concejal de Bogotá cuestionó el polémico nombramiento de 75 gestores de paz que suman condenas por más de 1.200 años

De acuerdo con información divulgada por el concejal de Bogotá, Julián Uscátegui, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha designado, hasta la fecha, a 75 personas como gestores de paz en el marco de su política de Paz total.

Sin embargo, esta decisión generó una fuerte polémica debido a los antecedentes criminales de los seleccionados, que acumulan condenas que suman más de 1.246 años por delitos graves como homicidio, terrorismo, secuestro, extorsión y violación.

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Según el concejal, esta medida no solo representa un acto de impunidad, sino que también revictimiza a quienes han sufrido las consecuencias del conflicto armado en Colombia.

El nombramiento de estos gestores de paz se fundamenta en la Ley 2272 de 2022, que regula la implementación de la política de Paz total. Sin embargo, Uscátegui señaló que esta decisión ha permitido que los designados evadan el cumplimiento de sus penas, lo que, en su opinión, constituye una afrenta para las víctimas y un obstáculo para la verdadera reconciliación en el país.

Según el cabildante, algunos de los gestores incluso habrían eludido procesos judiciales en los Estados Unidos, lo que agrava la percepción de impunidad.

Entre los 75 gestores de paz nombrados, se encuentran exmiembros de grupos armados como las Farc, el ELN, las AUC y otros actores del conflicto armado colombiano.

Según detalló Uscátegui, 16 de ellos pertenecieron a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), 16 al Ejército de Liberación Nacional (ELN), 7 a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), mientras que de 25 no se dispone de información suficiente para determinar su afiliación. Los delitos cometidos por estas personas incluyen homicidios, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores, narcotráfico y actos de terrorismo.

El concejal destacó algunos de los casos más emblemáticos dentro de esta lista. Entre ellos se encuentra Salvatore Mancuso Gómez, exlíder de las AUC, que enfrenta cargos por homicidios, tortura, desplazamiento forzado y narcotráfico, con una pena que podría haber alcanzado los 60 años de prisión de no haber sido por su participación en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Otro caso es el de Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40″, también exlíder de las AUC, que está vinculado a más de 1.400 investigaciones por asesinatos, masacres y desplazamientos forzados, con una condena de 40 años.

Otros nombres destacados incluyen a Edwar Cobos Téllez, alias “Diego Vecino”, acusado de genocidio, desaparición forzada y narcotráfico; Hernán Giraldo Serna, alias “El Patrón”, señalado por reclutamiento ilícito y violencia de género; y Fredy Rendón Herrera, alias “El Alemán”, quien enfrenta cargos por concierto para delinquir, secuestros y reclutamiento de menores. También figuran Violeta Arango Ramírez, alias “Violeta”, del ELN, vinculada al atentado en el centro comercial Andino, y Manuel de Jesús Pirabán, alias “El Pirata”, acusado de múltiples homicidios y desapariciones.

El concejal Uscátegui fue enfático en criticar la política de Paz total del gobierno de Gustavo Petro, calificándola como un “monumento a la impunidad”. Según sus declaraciones, esta estrategia no solo beneficia a los responsables de crímenes atroces, sino que también envía un mensaje equivocado a la sociedad colombiana, al premiar con libertad y esquemas de seguridad a quienes han causado un profundo daño al país.

“La paz no llegará a Colombia premiando con libertad, impunidad y esquemas de seguridad a los peores criminales de este país”, afirmó el concejal.

Además, Uscátegui señaló que esta medida ha contribuido a un aumento en los índices de violencia en el país. Según datos citados por el concejal, Colombia cerró el año 2024 con un incremento del 15,8% en los casos de extorsión, un 12,68% en violencia intrafamiliar y un 15,14% en trata de personas. También se registró una disminución del 56% en la erradicación manual de cultivos de coca, lo que, según el concejal, evidencia un retroceso en la lucha contra el narcotráfico.

Uno de los aspectos más controvertidos de esta decisión es el impacto que tiene sobre las víctimas del conflicto armado. Según Uscátegui, el nombramiento de estos gestores de paz revictimiza a quienes han sufrido directamente las acciones de los grupos armados, al permitir que los responsables de crímenes atroces evadan el cumplimiento de sus condenas.

Esto, según el concejal, no solo dificulta el proceso de reconciliación, sino que también genera desconfianza en las instituciones encargadas de garantizar justicia y reparación.

El concejal también cuestionó la falta de resultados concretos derivados de la designación de estos gestores de paz. Hasta el momento, no se han reportado avances significativos en términos de desmovilización o reducción de la violencia en el país. Por el contrario, las cifras de criminalidad y violencia han mostrado un aumento, lo que pone en entredicho la efectividad de esta política.