Representante uribista pidió intervención del Gobierno ante eventual ola migratoria desde Venezuela, tras la posesión ilegítima de Maduro

Con una carta al ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, el representante a la Cámara Óscar Villamizar, que hace parte de la bancada del Centro Democrático, hizo el jueves 16 de enero de 2025 una urgente petición en relación con la situación en materia migratoria que se avecina en la frontera con Venezuela: luego de que el dictador Nicolás Maduro se autoposesionara, con la complicidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

En la misiva, Villamizar instó al gobierno colombiano a no ignorar las señales de alerta frente a la inminencia de este suceso. “La solidaridad no puede conducirnos a la profundización de la crisis económica, social y fiscal del país”, indicó el congresista, en una petición que, según indicó el congresista, requiere políticas migratorias estrictas y contundentes. Para ello, llamó a reforzar la seguridad fronteriza y examinar con antelación los antecedentes de los migrantes que ingresen desde Venezuela.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Asimismo, el congresista expresó que no se debe permitir el ingreso masivo y sin control de personas que puedan representar un riesgo para Colombia. “No debe entrar un solo migrante que haya cometido delitos”, remarcó el congresista, en la carta a la que tuvo acceso Infobae Colombia. Además, expresó su descontento con la situación actual de ingreso irregular de venezolanos, pues aproximadamente el 30% cruza por pasos no oficiales, como trochas y ríos, lo que imposibilita un control migratorio efectivo.

Óscar Villamizar arreció en sus críticas al régimen de Nicolás Maduro y cuestionó silencio de Gustavo Petro

En su comunicación, Villamizar denunció severas violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura de Maduro. Según datos citados por el representante, el régimen venezolano dejó un saldo de más de 10.000 muertos en los últimos 10 años, mientras que, solo en 2025, se registraron 75 secuestros y 1.000 detenciones por protestas. Y expresó su indignación frente a la dura situación que se vive en Venezuela, afectada por el hambre y la inseguridad.

Teniendo en cuenta este panorama, Villamizar –representante a la Cámara por Santander, una de las regiones que más alberga ciudadanos venezolanos– reprochó el silencio del Gobierno Petro frente a lo que califica como un régimen dictatorial. En su carta, exigió al Ejecutivo que condene públicamente a Maduro, pues a su juicio la actual administración no ha defendido con firmeza los valores democráticos que, según él, han caracterizado históricamente a la nación.

“No es posible que Colombia no haya salido a pedir que caiga el dictador, que amenaza a expresidentes de este país”, señaló Villamizar, que recalcó la importancia de evitar que las problemáticas internas de Venezuela contribuyan aún más al deterioro socioeconómico del lado nacional.

Y es que no ocultó con ello las consecuencias que un flujo migratorio desmedido, que podría representar sobre los sistemas de salud, empleo y orden público en las regiones fronterizas. En consecuencia, no solo hizo un llamado a reforzar los controles fronterizos, sino también una estrategia de cooperación regional para lidiar con las posibles tensiones derivadas de la crisis humanitaria.

La carta del legislador santandereano también mencionó su inquietud por el impacto que podrían tener los inmigrantes vinculados a actividades ilícitas. “Es su obligación prevenir que ingresen delincuentes revisando exhaustivamente y con antelación los récords de los migrantes”, expresó el congresista, que pidió a las autoridades a actuar antes de que el flujo migratorio desborde las capacidades de respuesta de los organismos del Estado.

Hasta el momento, el Gobierno no ha respondido de manera oficial a la carta del congresista Villamizar. Sin embargo, en anteriores ocasiones, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha sostenido que la política migratoria de Colombia ha estado fundamentada en principios de solidaridad y respeto por los derechos humanos.