El departamento de Norte de Santander, vuelve a ser escenario de enfrentamientos armados que han dejado al menos cuatro personas muertas.
Según informes regionales, los combates ocurrieron en los municipios de El Tarra, Teorama y Tibú, donde presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Farc se enfrentaron durante la mañana de este jueves, 16 de enero en la región del Catatumbo
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La situación ha generado pánico entre los habitantes de la zona, quienes han optado por resguardarse en sus casas ante la intensidad de los combates. Los comerciantes decidieron cerrar sus negocios como medida preventiva, mientras que las instituciones educativas suspendieron actividades para proteger a los estudiantes y personal docente.

Según el diario La Opinión, entre las víctimas de este episodio se encuentran dos firmantes del acuerdo de paz, lo que añade un componente preocupante al contexto del conflicto en la región.
Aunque las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre el hecho, fuentes locales aseguran que el número de víctimas podría ser mayor, aunque esta información aún no ha sido confirmada.
La constante presencia de grupos armados ilegales en el Catatumbo mantiene a sus habitantes en un estado permanente de zozobra.
En medio de esta grave situación, líderes comunitarios y organizaciones sociales han hecho un llamado urgente al Gobierno nacional para que intervenga y garantice la protección de los derechos humanos en la región.
En medio de esta crisis, alias Andrey, comandante de las disidencias del Frente 33 de las Farc, emitió una declaración en la que confirmó los ataques del ELN a sus unidades, calificando la situación como crítica y haciendo un llamado urgente a la paz.
“Lamentamos informarle al pueblo del Catatumbo que el ELN ha tomado la decisión de atacar a todas nuestras unidades. Hasta el momento hay varias novedades por todas partes. Han matado civiles, gente desarmada, han querido sacar a las familias, los familiares de los guerrilleros, mujeres, niños, gente que está totalmente indefensa. Han tratado de sacarla por la fuerza y asesinarla”, expresó Andrey en un mensaje divulgado desde la región.

Pese a la gravedad de los hechos, el comandante aseguró que las disidencias aún no han respondido militarmente a los ataques, reiterando su intención de buscar una solución pacífica al conflicto.
“Nosotros no hemos respondido. La respuesta de las Farc hasta el momento sigue en espera. Consideramos que el problema del Catatumbo no se resuelve a tiros, el problema del Catatumbo se resuelve hablando, se resuelve resolviendo las cosas de manera pacífica”, agregó.
Un llamado a evitar un baño de sangre
En su declaración, Andrey instó a las comunidades locales y a las partes en conflicto a evitar una escalada de violencia que solo beneficiaría, según sus palabras, a quienes “viven de la guerra”. También hizo un llamado al Gobierno nacional, particularmente al presidente Gustavo Petro y al Alto Comisionado para la Paz, a intervenir de manera urgente para frenar los ataques del ELN.
“Sabemos que tenemos muertos, como siempre nuestros muertos los hemos llorado en silencio. Sabemos interpretar que no es la continuidad de un conflicto lo que necesita esta región del Catatumbo. Necesitamos vivir en paz, necesitamos vivir en armonía. Esa es la promesa que, como Farc, le hemos hecho a la región del Catatumbo y queremos seguir cumpliendo esa palabra empeñada”, concluyó.

El enfrentamiento del jueves se suma a otro ataque violento ocurrido en la noche del miércoles 15 de enero. Atacantes dispararon contra Miguel Ángel López, su esposa Zulay Durán Pacheco y su hijo menor, Miguel Herney López Durán, un bebé de apenas meses de nacido.
De acuerdo con los reportes iniciales, la familia fue interceptada por hombres armados mientras se desplazaban por una zona controlada por grupos ilegales.
El alcalde de Tibú, Richar Claro, confirmó los hechos y lamentó la pérdida de esta familia, que se había convertido en una víctima más de la violencia que azota la región.
Según reportó Blu Radio, la presencia de grupos al margen de la ley en la zona dificultó las labores de las fuerzas de seguridad. Paradójicamente, en vida, esta tarea habría recaído en el propio Miguel, quien era uno de los pocos autorizados para realizar este tipo de operaciones en áreas de conflicto.
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