La detección de actividades ilegales relacionadas con el suministro de energía eléctrica en Atlántico, Magdalena y La Guajira puso en evidencia una preocupante práctica durante 2024: la instalación de transformadores sin autorización. La empresa Air-e informó que, en ese año, se encontraron 418 de estos dispositivos ilegales, los cuales generaron pérdidas millonarias a la compañía.
Los transformadores ilegales, que no cumplían con las normativas técnicas ni contaban con el certificado Retie (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas), representaron un peligro significativo para las comunidades beneficiadas por estos equipos. Esta situación comprometió tanto la estabilidad del servicio eléctrico como la seguridad de los usuarios. Las autoridades de Air-e destacaron que estas prácticas generaron pérdidas de $8.590 millones anuales, lo que equivale a $715 millones mensuales y más de $23 millones diarios.
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En los últimos cuatro meses del año, se detectaron 210 de los 418 transformadores instalados ilegalmente, mostrando un aumento en la frecuencia de estas acciones. Este tipo de fraude afecta gravemente las finanzas de la compañía, y según Edwin Palma, agente interventor de Air-e, “esos 418 transformadores conectados ilegalmente a nuestra red en los tres departamentos nos cuestan, les cuestan a la compañía y, al final, si les cuestan a la compañía, les cuestan a ustedes [los usuarios] también. Son 8.600 millones de pesos anuales”.
La empresa también identificó a 13.436 usuarios que estaban conectados ilegalmente a la red eléctrica sin contratos formales, lo que les permitía acceder al servicio sin recibir facturas. Esto agrava aún más las pérdidas de Air-e y señala la necesidad de controles más estrictos para evitar estas conexiones fraudulentas.
Los municipios más afectados en Atlántico fueron Santo Tomás, Tubará y Sabanagrande, mientras que en Magdalena se destacó la zona bananera. Estos lugares concentran la mayoría de las actividades ilegales detectadas, lo que llevó a la empresa a intensificar sus operativos de control en dichas áreas.
Edwin Palma también hizo un llamado a la organización comunitaria para combatir esta problemática. “Con esa conexión ilegal de estos transformadores que llegaban a cerca de 13.000 usuarios pudiese estarse llevando energía correctamente a cerca de 3.288 familias y eso tenemos que combatirlo entre todos. También para eso tiene que haber organización porque si las juntas de acción comunales y las ciudadanías y los usuarios están organizados, nos pueden informar sobre esas prácticas abusivas”, afirmó.
La compañía reiteró su compromiso de continuar con los operativos de control e hizo un llamado a la colaboración de las comunidades para reportar cualquier actividad sospechosa. “Esto es absolutamente abusivo y todos lo terminamos pagando”, enfatizó Palma, destacando la importancia de una acción conjunta para prevenir el fraude eléctrico y proteger los recursos de la empresa y la seguridad de los usuarios.
Impacto económico en los ciudadanos
Las conexiones ilegales y el uso de transformadores no autorizados generan un impacto económico directo y significativo en los ciudadanos, afectando principalmente a los usuarios legales del sistema eléctrico. Estas prácticas ilícitas no solo incrementan los costos operativos de la empresa prestadora del servicio, sino que obligan a trasladar esas pérdidas al bolsillo de los consumidores a través de tarifas más altas, lo que se traduce en una carga económica adicional para las familias, especialmente las de menores ingresos. Aunque el fraude es cometido por un grupo reducido, sus consecuencias son asumidas por toda la comunidad, ya que el ajuste de precios busca compensar las pérdidas acumuladas.
Además, la inestabilidad en el suministro eléctrico, derivada de la sobrecarga en las redes y del uso inadecuado de estos transformadores ilegales, trae consigo problemas recurrentes, como cortes de energía y fluctuaciones en el voltaje. Esto no solo afecta la comodidad de los hogares, también genera daños en electrodomésticos y equipos eléctricos, obligando a las familias a incurrir en gastos adicionales para su reparación o sustitución.
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