El esquema de seguridad asignado al exjefe paramilitar y actual gestor de paz, Salvatore Mancuso, ha quedado en el centro de la controversia tras revelarse una serie de denuncias por presuntas irregularidades.
Información publicada por El Tiempo detalla las acusaciones sobre modificaciones no autorizadas a los vehículos asignados y el presunto uso indebido de armamento perteneciente a los escoltas del esquema de protección.
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El debate sobre quién es el responsable del esquema de seguridad de Mancuso escaló luego de que Daniel Briceño, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, denunciara públicamente un supuesto abuso de recursos asignados.
Según Briceño, la Unidad Nacional de Protección (UNP) respondió que no era la entidad encargada de proteger a Mancuso, señalando a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como responsable. Por su parte, la JEP afirmó que la protección brindada fue temporal y solo mientras el exparamilitar comparecía ante la justicia transicional.
Fuentes de la UNP consultadas por el medio citado indicaron que la entidad gestiona actualmente el esquema de seguridad de Mancuso mediante la Unión Temporal 23-26, un consorcio integrado por las empresas de seguridad Oncor y Superior. Esta contradicción entre la UNP y la JEP ha generado incertidumbre y reavivado el debate sobre la supervisión y regulación del esquema.
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Entre las acusaciones destacadas está la alteración de los vehículos asignados al esquema de protección. Según El Tiempo, los automóviles alquilados por el Gobierno habrían sido modificados con sistemas de amortiguación para facilitar el desplazamiento por terrenos complejos, como trochas, y con antenas satelitales para garantizar conexión a internet.
Estas modificaciones no habrían sido autorizadas, ya que los vehículos pertenecen a empresas privadas contratadas por el Estado, y tales cambios podrían representar un uso indebido de los recursos destinados a la seguridad del exjefe paramilitar.
Uso de armamento en un polígono
Otra grave denuncia es el presunto uso de armas asignadas a los escoltas por parte de Mancuso en un polígono de tiro. Testimonios recogidos por El Tiempo señalan que el incidente ocurrió en la escuela Swat de Bojacá, Cundinamarca, un lugar reconocido por entrenar a diferentes grupos armados y mercenarios.
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Durante la visita al polígono, el coordinador del esquema de seguridad, identificado como Javier Galeano, habría ordenado a los escoltas entregar sus teléfonos móviles, dejándolos incomunicados.
Posteriormente, Mancuso habría utilizado las armas asignadas al equipo de seguridad, un hecho que ha generado preocupación por la posible violación de las normativas aplicables al armamento oficial.
El coordinador del esquema, Javier Galeano, habría dejado su cargo tras varios desacuerdos con los escoltas asignados a Mancuso. Aunque las razones de su salida no han sido aclaradas, El Tiempo reporta que los conflictos internos y las denuncias de irregularidades podrían haber influido en su remoción.
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La UNP delegó la gestión del esquema de seguridad de Mancuso a la Unión Temporal 23-26, compuesta por Oncor y Superior. Estas empresas son responsables de proporcionar escoltas y vehículos, pero las denuncias recientes han puesto en entredicho la supervisión de las actividades dentro del esquema de protección.
Salvatore Mancuso, como gestor de paz, tiene la tarea de contribuir a procesos de verdad, justicia y reparación en el marco del conflicto armado colombiano. Sin embargo, su figura sigue generando controversia debido a su pasado como líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y a los beneficios que recibe en el marco de su colaboración con la justicia transicional.
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Las autoridades han iniciado investigaciones para esclarecer las denuncias relacionadas con el esquema de seguridad de Mancuso. Estas indagaciones buscan determinar si las modificaciones a los vehículos y el uso de armamento en un polígono constituyen violaciones a las normativas vigentes. Además, la confusión entre la UNP y la JEP sobre la responsabilidad del esquema podría motivar ajustes en los protocolos actuales.
Por ahora, las denuncias continúan generando controversia en la opinión pública y reavivan el debate sobre la eficacia y transparencia de las entidades encargadas de proteger a personas en procesos de justicia transicional.
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