El Tribunal Superior de Bogotá revocó la sanción impuesta el 16 de diciembre de 2024 por el Juzgado 3º Penal del Circuito de Bogotá al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en relación con el supuesto incumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional, que ordenaba la erradicación del uso del pesticida Clorpirifós en Colombia.
Esta decisión representa un respaldo a las acciones emprendidas por el Ministerio de Salud y Protección Social en colaboración con el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para cumplir las órdenes judiciales y proteger la salud pública; destacando las medidas adoptadas por la cartera, para mitigar los riesgos asociados a este compuesto químico.
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El Clorpirifós es un pesticida ampliamente utilizado en la agricultura, cuya prohibición fue ordenada por la Corte Constitucional debido a sus efectos nocivos en la salud humana y el medio ambiente. La Sentencia T-343 de 2022 instruyó al ICA a retirar del mercado todos los productos que contuvieran este compuesto en un plazo de seis meses, con el apoyo del Ministerio de Salud.
El fallo judicial respondió a evidencias científicas que demostraban los riesgos del Clorpirifós, incluyendo su asociación con problemas neurológicos, especialmente en niños, y su capacidad para contaminar recursos hídricos y suelos. Por ello, la Corte consideró imperativo que el ICA implementara una transición hacia alternativas menos perjudiciales y que el Ministerio de Salud realizara un acompañamiento efectivo para garantizar el cumplimiento de la sentencia.
Acciones del Ministerio de Salud
Según el Tribunal Superior de Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo demostró haber liderado esfuerzos significativos para cumplir con la Sentencia T-343. Entre las medidas adoptadas, destacó la coordinación con el ICA para asegurar la implementación de la prohibición, así como la realización de campañas de sensibilización dirigidas a productores y comunidades agrícolas sobre los riesgos del Clorpirifós.
Adicionalmente, el ministerio promovió la investigación y adopción de alternativas más seguras y sostenibles, además de supervisar las acciones ejecutadas por el ICA. Estas iniciativas fueron clave para que el tribunal concluyera que el Ministerio había cumplido con su rol de acompañamiento en el proceso de transición.
“El ministro Jaramillo acreditó su compromiso con la protección de la salud pública mediante acciones concretas de prevención y control de intoxicaciones por Clorpirifós. Estas acciones evidencian el cumplimiento de las órdenes dictadas por la Corte Constitucional”, subrayó el tribunal en su fallo.
La decisión del Juzgado 3º Penal del Circuito de Bogotá de imponer una orden de arresto de tres días contra el ministro de Salud, se basó en la supuesta falta de acompañamiento continuo y efectivo por parte del Ministerio de Salud hacia el ICA, para garantizar el retiro de este producto del mercado. Sin embargo, tras una revisión detallada del caso, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que las evidencias presentadas demostraban lo contrario.
En ese sentido, el fallo del tribunal no solo anuló la sanción impuesta a Jaramillo, sino que también reafirmó que el ministerio cumplió con las disposiciones judiciales. Esto supone un reconocimiento a las gestiones realizadas y su alineación con el compromiso de erradicar sustancias químicas perjudiciales del mercado nacional.
Esta decisión también plantea la necesidad de continuar monitoreando la implementación de las medidas ordenadas, así como de fortalecer las estrategias de sustitución de productos químicos peligrosos en el país. La transición hacia alternativas seguras y sostenibles es fundamental para garantizar un equilibrio entre el desarrollo agrícola y la preservación de la salud y el medio ambiente.
En este contexto, la colaboración entre entidades como el Ministerio de Salud, el ICA y los actores del sector agrícola será esencial para cumplir con los objetivos trazados por la Corte Constitucional y avanzar hacia un modelo más responsable y sostenible de producción agrícola.
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